El Ayuntamiento de Reinosa ordena el derribo de los cuatro edificios del centro desalojados

Los edificios afectados por la orden de derribo están ubicados en la Avenida del Puente de Carlos III y en la calle Torres Quevedo. /B. Carbonell
Los edificios afectados por la orden de derribo están ubicados en la Avenida del Puente de Carlos III y en la calle Torres Quevedo. / B. Carbonell

Los vecinos afectados han presentado un recurso contencioso administrativo para intentar frenar la medida del Consistorio

Blanca Carbonell
BLANCA CARBONELLSantander

El Ayuntamiento de Reinosa ha ordenado la demolición de los edificios número 34 y 36 de la Avenida del Puente de Carlos III y del número 2 de la calle Torres Quevedo, así como del edificio anexo a la Casa de los Cossío. Para ello concede a los propietarios un plazo de dos semanas, contados desde el día siguiente desde la notificación de este acuerdo, que tiene como fecha de salida el pasado 2 de enero, para que presenten en el Ayuntamiento un proyecto de demolición.

En caso de que los vecinos no cumplan con este requisito, el Consistorio lo ejecutará de forma subsidiaria, «dado el peligro que esta situación supone para las personas y bienes». En ese caso, el Ayuntamiento exigirá el importe de los gastos, daños y perjuicios.

El pasado año, el Ayuntamiento declaró en ruina y ordenó el desalojo de estos edificios, que vienen sufriendo desde hace varios años daños consistentes en grietas importantes en los muros de carga y fuertes asientos y desplazamientos de los muros, de los entramados de madera y de los forjados. Los últimos vecinos en abandonarlos, salieron durante el pasado verano.

Los titulares de los inmuebles cuentan con quince días para presentar el proyecto de demolición

Los inmuebles sufren grietas importantes en los muros de carga y su desplazamiento

La semana pasada, el Ayuntamiento colocó unos andamios en los edificios, según fuentes municipales «con el fin de reforzar la seguridad de los peatones. Se trata de crear un pasillo de protección ante el estado actual que presentan los inmuebles». Explican desde el Consistorio que «todo lo que hemos hecho ha sido a instancia de los informes municipales» y aseguran que todos los informes de los que disponen han sido facilitados a los vecinos, extremo que estos últimos niegan.

En respuesta, los afectados han presentado un recurso contencioso administrativo en el que solicitan la adopción de medidas cautelares urgentes consistentes en la inmediata suspensión del acuerdo de demolición. Varias son las alegaciones que presentan para defender su solicitud. Consideran que está acreditado que la causa que origina el daño a los edificios se encuentra en la red de abastecimiento de la que es responsable el Ayuntamiento de la capital campurriana.

Por otro lado, esgrimen los graves perjuicios, tanto económicos como personales que el derribo comporta para los propietarios por tratarse, en la mayoría de los casos, de sus viviendas habituales y, en otros, de los locales en los que han desarrollado su actividad económica.

Consideran que existe en estos momentos una ausencia de perjuicio de los intereses generales, dado que el Ayuntamiento ha adoptado las medidas de seguridad que evitan el riesgo de las personas y que puede ejecutar cualquier obra que considere necesaria.

También toman en consideración la existencia de alternativas menos gravosas que la demolición que el propio Ayuntamiento reconoce en sus informes y resoluciones, al afirmar que los edificios son recuperables mediante la realización de obras de consolidación del terreno, recalce de los cimientos y cosido de sus muros. En este sentido, el Ayuntamiento argumenta que «se les ha solicitado proyecto de reparación de los inmuebles e información sobre los pasos que querían dar y, transcurrido el plazo, no nos han facilitado dicho proyecto».

«Falta de sensibilidad»

Sobre esto los vecinos objetan que el pasado mes de junio presentaron una reclamación patrimonial en el Ayuntamiento por los daños causados en los edificios y perjuicios sufridos por sus propietarios «y que son consecuencia de la erosión interna de los flujos subterráneos de aguas procedentes de la zanja de abastecimiento». Su abogado, Francisco Javier Díaz Aparicio destaca que «no nos han dado ninguna respuesta dando lugar a silencio administrativo y el día después de finalizar el plazo que el Ayuntamiento tenía para responder fue aprobada la orden de derribo». Considera Díaz Aparicio que este gesto denota «falta de sensibilidad del equipo de gobierno ante una situación que es trágica».

En el año 2015 el Consistorio encargó a una empresa especializada un informe geotécnico que esclareciese las causas de los problemas y plantease alternativas posibles para su eliminación y reparación posterior de los inmuebles. Dicha empresa no encontró el motivo concreto que ha provocado los daños, aunque considera como causa más probable la existencia de un gradiente hidráulico que da lugar a movimientos del agua freática, provocando que algunos materiales existentes bajo las viviendas se erosionen.

El estudio proponía, como medida para evitar o minimizar la erosión, modificar las características de los materiales afectados, a través de inyecciones de compactación, cuyo objetivo es consolidar y mejorar los terrenos bajo la cimentación de los muros de carga o zapatas de los edificios en las zonas afectadas, inyectando lechada de cemento mediante presión controlada a través del terreno de menor resistencia hasta alcanzar las presiones requeridas.

Se da la circunstancia de que estos inmuebles se encuentran en una zona muy céntrica de la ciudad y que dos de ellos están protegidos. El más emblemático para Reinosa es la Casa de los Cossío, que no está afectada directamente, aunque sí su adyacente.

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