Reinosa rectifica la moción anulada por el Supremo contra el «apartheid israelí»

Según explicó el secretario en el Pleno, la propuesta se llevaba a la sesión por la vía de urgencia para adoptar el acuerdo por recomendación del abogado que había asistido al Consistorio en todo el proceso. Durante la exposición de motivos, el técnico jurídico hizo alusión al dilatado recorrido que había tenido el tema en los tribunales y también valoró la «amplia repercusión» mediática de la sentencia que anulaba los puntos 3, 4 y 5 de la cuestionada moción, dejándolos primeros apartados en vigor relativos al «apoyo» al Estado Palestino y «la solidaridad» con los territorios ocupados.

La propuesta partía de una moción tipo enviada a los grupos municipales por la Asociación Interpueblos. La misma fue llevada a Pleno en 2016 por Reinosa en Común (REC) pero se apoyó por la mayoría de la Corporación (PRC y PSOE), a excepción del PP que se abstuvo. Tras la exposición de motivos del secretario municipal, la portavoz de REC, Victoria Callejo entonó el 'mea culpa' y afirmó que le parecía «bien» acatar lo que les recomendaba el abogado, no sin antes explicar porqué se había llevado al Pleno por su grupo y en qué contexto se hizo. Según afirmó todo pasó tras unas charlas del colectivo Interpueblos. «Mi grupo no estaba por apoyarla, les convencí yo y por eso me echo la culpa», admitió, aclarando que si lo hizo fue porque la propia ONU «lo dice», añadió.

Por su parte el portavoz del grupo municipal del PP, José Luis López, animó en la sesión a «reflexionar» sobre la idoneidad de llevar al Pleno este tipo de propuestas de «corta y pega» que son «un brindis al sol» y que luego «o no pueden ser o son ilegales» valoró. «Traigamos cosas que se pueden proponer y hacer», resumió.

Tras estas intervenciones se aprobó declarar la recepción de la sentencia y la ejecución de la misma con las correcciones a los puntos declarados nulos.

Lo que se aprobó en aquel Pleno de 2016 fue declarar al municipio «Espacio Libre de Apartheid Israelí y difundirlo entre la ciudadanía» e insertar el sello que así lo reconocía en la web municipal. Un sello que, según el auto, implica boicotear la contratación de empresas de Israel alegando que este país incumple el Derecho Internacional por su conflicto con Palestina.

Es por ello que el Alto Tribunal estableció que un ayuntamiento hace «discriminación de terceros» y vulnera «derechos fundamentales» si se declara «espacio libre de apartheid israelí» y por ello procede a la anulación de parte del acuerdo plenario. Sigue así la línea de otras sentencia del TSJC que anuló otras resoluciones similares en Camargo, Torrelavega, Cabezón y Bezana, tras los recursos promovidos por la entidad ACOM (Acción y Comunicación sobre Medio Oriente) al considerar que estas propuestas hacían proclamas contra los judíos.