Reinosa volverá a declarar en ruina los edificios de Carlos III y Torres Quevedo

El pasado septiembre una parte de los afectados por la declaración de ruina de esos dos inmuebles -los que luchan por su recuperación estructural- veían una luz en un tortuoso camino judicial. Un nuevo fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estimaba «parcialmente» el recurso de apelación contra una sentencia anterior que daba la razón al Consistorio ratificando la orden de demolición y rechazando la responsabilidad patrimonial de la administración. El nuevo auto a favor de los vecinos paralizaba todo el proceso y, según entendieron entonces estos propietarios afectados, abría una puerta a la negociación con el Consistorio. Sin embargo, dos meses después, las esperanzas de encontrar una salida pactada al asunto se desvanecían tras una «tensa» reunión de las dos partes en el Ayuntamiento hace unos días. Es así, porque la respuesta que se les dio es que el Consistorio subsanará las deficiencias de tramitación de la ruina y retomará el proceso al objeto de demoler los edificios, uno de ellos con protección municipal «al ser de interés histórico».

Cabe recordar que la sentencia que paralizaba el derribo lo hacía por un defecto de forma en esa declaración de ruina, pero dejaba la puerta abierta a iniciar el proceso de nuevo, algo a lo que se agarra el Ayuntamiento. Eso es lo que los afectados no querían oír, pero que tuvieron que escuchar de la mano de los letrados municipales. Un encuentro al que también acudió el edil de Obras, Álvaro Zabalía (PRC), y el propio regidor. Este último reconocía, a preguntas de El Diario Montañés, que efectivamente la reunión no fue del todo cordial. «Por nuestra parte nos pareció fundamental aclarar al inicio la situación en la que nos encontramos en estos momentos, los vecinos discreparon de ese análisis y eso fue la causa de que el encuentro discurriera con cierta tensión», explicaba. Se refiere López a que el Consistorio se ve, según afirma, en la «obligación» de retomar el procedimiento de la declaración de la ruina. «Tenemos que hacerlo, pues tenemos conocimiento del estado ruinoso que presentan los edificios, algo que nunca se ha cuestionado», afirmaba. No obstante, en el fallo de septiembre sí que el juez hacía alusión a que se hizo una valoración de posible colapso de los inmuebles para su desalojo «siempre partiendo de que eran edificios recuperables».

A esto último se agarra una parte de los afectados que ha seguido pleiteando (hay otra que lo ha dejado estar), convencidos de que otra solución era posible para ellos y también de que los daños en sus viviendas estaban causados por unas obras de saneamiento ejecutadas por el Gobierno de Cantabria y el propio Ayuntamiento. A esto el alcalde contesta que «a día de hoy no existe ninguna sentencia que indique que el Consistorio tenga responsabilidad patrimonial en esos edificios, por lo tanto no puede asumir nada respecto a esos edificios». Con esta última afirmación no está de acuerdo la hasta ahora representación legal de los afectados. Según el abogado Javier Díaz Aparicio, en este momento «todo comienza de cero». Es decir, los vecinos se van a ver abocados a pedir la «responsabilidad patrimonial» al Ayuntamiento por dos razones: «Por haber sido desalojados de sus casas sin orden de ruina y por los daños en los edificios por una obra municipal», explica. En este caso, adelanta que se recurrirá la ruina si el Ayuntamiento la vuelve a dictar.