El Colectivo Memoria de Laredo pide colaboración para localizar a los descendientes de los fusilados en Castro

La asociación advierte de la dificultad actual para encontrar descendientes. El silencio impuesto durante décadas, las migraciones y la ausencia de hijos en algunos casos dificultan la identificación de familiares directos, necesarios tanto para la emisión de los certificados de reconocimiento como, en caso de localizarse la fosa, para realizar análisis genéticos que permitan identificar los restos. Por ello, se solicita la colaboración de la población para contactar con descendientes o familiares colaterales de estos diez hombres.

En noviembre de 2023, este colectivo memorialista presidido por José Luis Pajares recibió la petición de ayuda de la nieta de uno de los asesinados. Su objetivo: obtener un permiso para colocar un azulejo en el cementerio que recordase a su abuelo. Aquella petición abrió un arduo proceso de investigación.

Los diez hombres fusilados en enero de 1938 tenían entre 25 y 44 años y eran, en su mayoría, vecinos de Castro Urdiales, Guriezo y Rasines. Algunos estaban casados y con hijos; otros, solteros. Habían sido maquinistas, labradores, carpinteros, albañiles, marineros o jornaleros. Varios desempeñaron cargos en comités o consejos municipales durante la guerra, lo que los convirtió en objetivos claros para la represión inmediata tras la entrada de las tropas sublevadas.

De hecho, tras revisar los archivos militares, la asociación concluye que los juicios de Castro reproducen el patrón habitual de la represión temprana: «Los detenidos eran denunciados por vecinos, alcaldes o mandos de Falange. Muchos testimonios posteriores eran favorables, pero el juez instructor se inclinaba siempre por la primera acusación. Los testigos, además, no eran convocados a los juicios debido a las prisas por dictar sentencias rápidas y ejemplarizantes».

Los nombres de las víctimas son Segundo García Hervás (1897, Balbicienta, Guriezo), Alfredo Severiano González Gabancho (1913, Mioño, Castro Urdiales), Manuel Gutiérrez Larena (1912, Adino, Guriezo), Alberto Herrería Morlote (1899, Castro Urdiales/Trebuesto, Guriezo), Eladio Isla Arredondo (1898, Islares, Castro Urdiales), Manuel Llama Garma (1899, Adino, Guriezo), Valentín Llarena Diego (1894, Espinosa de los Monteros, vecino de Rasines), José Gregorio Pardo Porres (1905, Ruesga, vecino de La Magdalena, Guriezo), Mariano Luis Martín (1902, Nava del Rey, vecino de Ontón, Castro Urdiales) y Jesús Martínez Cayón (1906, Castro Urdiales).

Según la documentación conservada, los diez hombres fueron procesados en cuatro causas distintas en días consecutivos. El 5 de diciembre de 1937 tuvo lugar la más numerosa, la Causa 1748-37, en la que fueron enjuiciados Segundo García Hervás, Alfredo González Gabancho, Manuel Gutiérrez Larena, Alberto Herrería Morlote, Eladio Isla Arredondo y Manuel Llama Garma. Ese mismo día se celebró también la Causa 0076-37, en la que fue procesado Mariano Luis Martín.

Al día siguiente, 6 de diciembre de 1937, se desarrolló la Causa 1969-37, en la que figuraban Valentín Llarena Diego y José Gregorio Pardo Porres, además de otros dos hombres más incluidos en el mismo procedimiento.

Finalmente, el 7 de diciembre de 1937 se celebró la Causa 0019-37, en la que fue enjuiciado Jesús Martínez Cayón, junto con otros ocho hombres y una mujer que también formaban parte del proceso.

Tras permanecer encarcelados en el convento de Las Clarisas, convertido en prisión, los diez hombres fueron sacados el 14 de enero de 1938 y fusilados en una campa cercana al Cementerio de Ballena. Allí fueron enterrados fuera de la tapia, en el llamado Cementerio Civil. Con el paso del tiempo, este espacio fue integrado en el cementerio general y adoquinado. A partir de 2001 se construyeron nichos sobre parte de la zona.

En este sentido, el Colectivo Memoria de Laredo inició en 2024 un trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Castro para acceder a la documentación. El investigador Fernando Obregón ya había recopilado en 2011 datos cruciales, incluidos los registros de defunción. Con sus notas manuscritas, la nieta de una de las víctimas pudo solicitar y obtener el Certificado de Defunción de su abuelo, que confirmaba que había sido «fusilado en una campa cercana y enterrado en una fosa».

Paralelamente, la asociación empezó a revisar las causas judiciales y las actas de los juicios sumarísimos con el fin de pedir al Gobierno de España los Certificados de Declaración del Reconocimiento y Reparación Personal. Estos documentos, previstos en la Ley de Memoria Democrática de 2022, anulan oficialmente las sentencias dictadas por los tribunales franquistas.

Por otro lado, en 2024, la muestra Un Proyecto para la Memoria Local – Laredo, Represión y Exilio, instalada en el Centro Cultural La Residencia de Castro Urdiales, exhibió casos de represaliados de la zona y denunció los procedimientos sumarísimos aplicados tras la caída de la villa. La exposición incluyó como reivindicación principal la instalación de una placa en el Cementerio de Ballena con los nombres de los diez fusilados, una propuesta que sigue vigente.