El Gobierno renuncia a reclamar 50.000 euros a la Cofradía de Castro por daños en un barco

Imagen de la grúa con la que se izan los barcos para reparar. /Samira Hidalgo
Imagen de la grúa con la que se izan los barcos para reparar. / Samira Hidalgo

Obras Públicas asegura que su intención es evitar que se ponga en peligro la viabilidad económica de la entidad y la prestación de los servicios que realiza

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

El Gobierno de Cantabria ha incluido en la Ley de Medidas Fiscales de su Presupuesto para 2019, pendiente de aprobación, una disposición adicional mediante la que regula la renuncia a reclamar unos 50.000 euros a la Cofradía de Pescadores de Castro Urdiales por los daños causados en una embarcación durante la maniobra de izado de la misma a tierra por una grúa en el puerto castreño, que fueron indemnizados por el Gobierno de Cantabria en virtud de sentencia judicial.

Según señala el Ejecutivo regional, dicha renuncia se basa en «razones de interés público», dado que el Gobierno de Cantabria podría ejercitar dicha pretensión mediante una acción ante un órgano judicial, que, de estimarse, generaría un derecho a favor de la Administración. «Así, en el caso de obtenerse una sentencia estimatoria, se pondría en peligro la viabilidad económica de la cofradía y la prestación de servicios que realiza, imprescindibles en el ámbito de la gestión del puerto pesquero de Castro Urdiales».

El Gobierno puntualiza que no se trata de un crédito reconocido, líquido o exigible, puesto que la acción de regreso no se configura como un derecho de naturaleza pública que se integre en la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en el artículo 6 de la Ley de Finanzas de Cantabria, por lo que su renuncia no causa detrimento patrimonial alguno a la Hacienda Pública autonómica.

Fuentes de la Consejería de Obras Públicas señalaron este miércoles a este periódico que el accidente con esta embarcación tuvo lugar hace ya unos años, «ante de comenzar la presente legislatura». El propietario de la embarcación, en lugar de reclamar al concesionario de las instalaciones, en este caso la Cofradía castreña, se dirigió al Gobierno de Cantabria que es de quien dependen las instalaciones portuarias de Cantabria.

Pasado el tiempo, el propietario de la embarcación recibió una sentencia favorable que obligó al Gobierno de Cantabria a pagarle los daños. A partir de ese momento, y teniendo en cuenta que el Ejecutivo regional podía reclamar a su vez dicho dinero a la Cofradía castreña, «hemos decidido no hacerlo por el interés público y porque queremos seguir apoyando al sector pesquero de la región».

 

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