«Los vecinos no hemos cometido ningún delito, si derriban el edificio es una estafa»

La calle que da acceso al edificio está cortada por una valla metálica. /Abel Verano
La calle que da acceso al edificio está cortada por una valla metálica. / Abel Verano

Los propietarios del edificio que construyó Proconor en Castro se muestran «preocupados» por la petición de derribo del Ministerio Fiscal | Un total de 20 personas están encausadas por la presunta construcción de un edificio sobre suelo deportivo

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

Los vecinos del edificio que construyó la empresa Proconor 2000 en Castro Urdiales asisten con «preocupación» a los últimos acontecimientos judiciales que se han producido días atrás en torno a la investigación judicial abierta, debido a las presuntas irregularidades urbanísticas y administrativas que rodean al inmueble y por el que hay acusadas 20 personas (dos exalcaldes, 16 exconcejales, un exsecretario municipal y una ingeniera municipal).

Lo preocupante de este caso es que el Ministerio Fiscal solicita el derribo del edificio, de 51 viviendas, por invadir suelo que debió destinarse a equipamiento deportivo.

Joseba Fernández, conocido en Castro por haber presidido a la Unión Deportiva Sámano, es uno de los residentes en este edificio. Dice que compró su vivienda en el año 2007 y que entró a vivir en ella tres años después. «El día del Coso Blanco, 2 de julio». En su momento tuvo que desembolsar 240.000 euros por su ático, un trastero y garaje. Asegura que cuenta con la licencia de Primera Ocupación, pero no con la cédula de habitabilidad. «Tenemos la luz y el gas dados de alta, pero el agua es de obra».

«Si me quedo sin casa habrá que ir a reclamar al Ayuntamiento, que fue el que dejó construir» Joseba Saralegui | Vecino

Saralegui está seguro de que «no van a derribar el edificio». «Si hasta ahora no han derribado ninguno en Castro, ni siquiera los que construyeron en Ostende a menos de cien metros de la playa, no creo que vayan a derribar este». Eso sí, tiene claro que si al final el juez dice que hay algo ilegal «que le metan una multa la promotora, porque los vecinos compramos de buena fe». Además, deja claro que el problema no es de ellos. «El Ayuntamiento dejó construir el edificio y vender los pisos. Nosotros lo hemos hecho todo bien. Si me quedo sin casa habrá que ir a reclamar al Ayuntamiento, que fue el que dejó construir».

Este vecino de Castro, que vive con su mujer y su hijo, comenta que cuando compró su vivienda «estaba todo bien». «Cerramos la hipoteca con el banco y no hubo ningún problema», señala al tiempo que reconoce que después de tantos años «lo llevamos con naturalidad». «El único inconveniente que tenemos es que no podemos vender el piso, por lo demás hacemos vida normal».

«El derribo es lo más duro que nos puede pasar. Espero que no llegue la sangre al río» Gorka Linaza | Vecino

Gorka Linaza y su mujer Izaskun Pérez, dos conocidos castreños, también son residentes en este edificio. «Esperemos que no llegue la sangre al río», comenta él. «A mi me da igual si condenan a uno u otro. Si la han hecho que la paguen. Nosotros hemos pagado todo bien y no hemos cometido ningún delito. Si al final se derriba el edificio entonces nos han estafado».

Linaza señala que cuando compraron su piso no había ningún problema y fue después, cuando entraron a vivir, cuando se enteraron por la prensa del tema judicial. «Ninguno de los compradores pensábamos que había problemas. El derribo es lo más duro que nos puede pasar».

Su mujer cuenta que el día que escrituraron el piso les dieron la cédula de habitabilidad y les dijeron que la licencia de primera ocupación se concedía por silencio administrativo, «aunque después nos enteramos que ya no se daban así».

«El juez nos preguntó si habíamos pagado con dinero negro y dijimos que está todo facturado» Izaskun Pérez | Vecina

Izaskun, que espera que todo se pueda arreglar «para vivir tranquilos», cuenta que cuando se abrió el proceso judicial el juez les llamó a declarar a los compradores y les preguntó si habían pagado en negro. «Dijimos que no porque tenemos todo facturado».

Respecto a los problemas por las cesiones, esta vecina dice que cuando fueron a mirar el piso uno de los responsables de la promotora les comentó que estaba previsto construir unas pistas de pádel municipales en la parcela trasera del edificio. «Para poder hacer las aceras tenían que hacer una permuta con el Ayuntamiento y cambiar el terreno de atrás, que era de la promotora, por el terreno que se supone que estaba destinado a espacio deportivo». «Más tarde, nos dijeron que ese era el trámite que está mal hecho, porque ellos daban más terreno del que cogían al Ayuntamiento».

«Estamos desesperados porque no sabemos qué va a pasar y no tenemos información» Beatriz Lafarga | Vecina

Una veintena de vecinos

Beatriz Lafarga es otra de la vecinas residente en el edificio de Proconor, de quien no puede hablar mal porque «han tenido buena fe en todo momento». El problema es que actualmente hay ocupadas una veintena de las 51 viviendas y eso supone que «estamos pagando mucho dinero cada vecino para mantener todos los gastos de la comunidad». En su caso dice que paga 73 euros al mes y «solo tenemos ascensor». «Estamos desesperados porque no sabemos qué va a pasar y no tenemos información», apunta.

El Ayuntamiento tiene que presentar su escrito de defensa

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, Irene Rodríguez del Nozal, ha emitido un nuevo auto de apertura de juicio oral sobre esta causa judicial, con el fin de incluir al Ayuntamiento de Castro como responsable civil subsidiario. La magistrada da audiencia al Consistorio para que presente escrito de defensa, un trámite que tendrá que cumplir ahora –también deberá designar abogado y procurador– una vez dictada la apertura de juicio oral. A partir de ahí, el caso volverá a Santander para que el Juzgado de lo Penal Número 3 señale el juicio.

Las acusaciones particulares, Caixabank y BBVA, manifestaron que reclamaban responsabilidad civil pero que la cuantía debía fijarse en el juicio oral. Posteriormente, el 3 de marzo de 2018, Caixabank concretó el importe de la responsabilidad civil exigible al Ayuntamiento de Castro de forma subsidiaria en 4.483.297 euros.

De su lado, la Fiscalía, además de la demolición del edificio, pide un año de cárcel para el exalcalde Fernando Muguruza y la ingeniera municipal, Carmen Villanueva, además de penas de inhabilitación para empleo y cargo público para los otros 18 encausados (otros dos fueron absueltos y un tercero falleció).

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