El Astillero adjudica de forma provisional los atraques de Orconera para regular su uso
Entre los amarristas, algunos celebran que se establezca «un control» y otros mantienen la batalla judicial «por el precio de las tasas»
El Ayuntamiento de El Astillero ya ha dado los primeros pasos para regular el uso que se realiza de los atraques de la Dársena de Orconera, que llevaba ocho años «en el limbo» por la «dejadez» del Consistorio, concesionario de la prestación del servicio por parte de la Autoridad Portuaria desde el año 2002. El Ayuntamiento aprobó el pasado 2 de octubre la adjudicación provisional de la concesión de puestos de atraque de las dársenas municipales. El expediente, que fue publicado en el BOC el 27 de ese mismo mes, recoge las tasas que han de abonar los propietarios de las embarcaciones de recreo para atracar en el dominio público portuario, que van desde los 2.350 euros a los 6.580, dependiendo de la eslora del barco. En total, se han adjudicado 139 amarres.
El paso dado por El Astillero aporta cierta «normalidad» a la situación de alegalidad que venía perpetuándose desde 2017, cuando se renovó la concesión municipal de 2002. Tras suscribir de nuevo el convenio con la Autoridad Portuaria, el Consistorio debía haber aprobado, primero, un reglamento de explotación, y segundo, una ordenanza en la que integrar el precio por el uso privativo de los atraques. No obstante, según el presidente de la Asociación de Atraques, Miguel Ángel Pérez, «no hizo ninguna de las dos cosas», lo que llevó a los propietarios de los barcos a continuar ocupando el espacio de la dársena que les había sido adjudicado antes de 2017 en situación «irregular».
Fue así hasta el año 2023, cuando, entonces sí, la Administración Local emitió un reglamento, documento que más tarde recurriría la asociación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). En marzo de 2025, el Alto tribunal cántabro emitió una sentencia en la que anulaba algunos de los preceptos recogidos en el reglamento mencionado. La respuesta judicial no persuadió al Ayuntamiento de intentar normalizar el uso de la dársena de 13.800 metros cuadrados de Orconera y el 3 de julio, aprobó una modificación de la Ordenanza. En el expediente, el Consistorio recogía que «la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en trance de analizar el reglamento de la dársena, atribuye potestad tributaria a la Administración Local de Astillero para elaborar una ordenanza por gestión del dominio público en las dársenas deportivas».
Ordenanza mediante, el siguiente paso dado por la Administración Local ha sido la adjudicación provisional de los puestos de amarre. Una medida que ha contentado a unos y que mantiene descontentos a otros. Entre los segundos está el presidente de la asociación de amarristas, quien expone que, «lejos acatar lo que dictó el juez y modificar el reglamento impugnado, el Ayuntamiento ha realizado la adjudicación provisional de 139 amarristas». Además, argumenta, «desconocemos en base a qué baremo se ha puntuado cada embarcación solicitante de una lámina de agua». De este modo, hay «propietarios que ya utilizaban la dársena y pertenecen a la asociación que se han quedado fuera sin entender el motivo».
Con respecto a las cantidades que el Consistorio requiere a los solicitantes, «es injusto, porque se pide lo mismo a los amarristas que llevan un año que a los que llevan ocho». El otro asunto que crea discordia es el mantenimiento de la instalación. «En la última década, ha sido la asociación, mediante las cuotas que pagan los miembros, quien se ha ocupado de mantener la dársena», insiste el presidente. En la concesión de la Autoridad Portuaria, se establece que las tareas de mantenimiento corren a cargo del Ayuntamiento, «pero la pasarela está en un estado lamentable», comenta Pérez.
Ya era hora
Frente a los anteriores, se sitúan usuarios como Julio Ceballos y Carmelo González, quienes consideran que la adjudicación provisional «pone fin» al sistema empleado durante todo este tiempo. «Hasta ahora, nadie es propietario de nada y la gente se ha llegado a colar para atracar en el muelle». Ambos acusan de «desidia» al Ayuntamiento pero agradecen «que se establezca un control que nos aporte cierta seguridad, aunque tengamos que pagar». Sobre todo porque llevan, aseguran, «años sin abonar ni un euro». Y como ellos, «la mayoría». Preguntado acerca de este tema, el Ayuntamiento de El Astillero no se ha pronunciado.
