La presión vecinal permite reducir a seis o siete los pisos okupados en El Astillero

La buena noticia se produce un año después de que el alcalde de El Astillero y el pedáneo de Guarnizo, Alejandro Hoz, pusieran en marcha un operativo policial y de emergencias -no sería el último- para retirar los enganches ilegales de luz, agua y gas que proliferaban en la urbanización. Paralelamente, los vecinos protestaban por los altercados que se producían como consecuencia de la presencia de los okupas en los pisos vacíos. «Hacen fiestas, pasean a los perros sueltos, se ha tenido que llamar a la Policía Local para intervenir...», aseguraba un vecino el año pasado a este periódico. Hartos de una situación que se alargaba en el tiempo, los residentes apenas tenían esperanzas de ver solucionarse el conflicto. «Hasta que el Ayuntamiento empezó a presionar a la Sareb y lograron llegar a un acuerdo». Antes, el Consistorio impuso al menos una sanción a la Sareb «por la falta de acción ante la situación de deterioro del edificio», que podía suponer un peligro para los propios vecinos. La propietaria no colaboraba y el regidor se puso en contacto con Miguel Ángel Revilla para que mediase «como máxima autoridad de la región». Soberón fue a Madrid, volvió, habló con quien pudo y lo intentó con quien no pudo, y aprobó una moción para manifestar el rechazo de la corporación.

Pero el verdadero cambio no se produjo hasta enero de este año, cuando al fin el alcalde logró llegar a un acuerdo con la Sareb «para intentar atajar el problema». El Consistorio puso en marcha un nuevo operativo en el que intervinieron varios efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y seguridad privada, cuya actuación se prolongó durante varias horas. Los operarios registraron las casas, colocaron puertas antiokupas y rejas en las ventanas. Todo con tal de evitar la ocupación de las viviendas que se encontraban ya deshabitadas. Hubo habitantes que como consecuencia de la actuación policial, decidieron abandonar la urbanización de forma voluntaria. De cuarenta viviendas, se anunciaba que tan solo quedaba una decena ocupada. Volvía la esperanza a la calle Ballestas.

Y ahí sigue. La esperanza. Sobre todo después de que el regidor confirmase que las cosas continúan por el buen camino. El que tiene como resultado el desalojo de los dos bloques, que tantos quebraderos ha supuesto para los políticos y sobre todo, para los vecinos que lo han sufrido -llegaron a recoger cerca de 3.000 firmas-. Que lo sufren. «Aún quedan algunas viviendas ocupadas, por lo que seguiremos avanzando, pero la situación actual nada tiene que ver con la de hace unos meses», decía Soberón tras la última inspección que se llevó a cabo hace una semana. «El camino está siendo muy duro y las leyes no nos ayudan pero no vamos a parar hasta llegar al final», añadía. La mediación de la Sareb, los registros periódicos a las viviendas, la colaboración de las fuerzas del orden público y la presión vecinal. El cóctel perfecto para que los okupas abandonen.

El alcalde, Javier Fernández Soberón, agradeció «el cambio de criterio y la implicación que han demostrado ahora desde la Sareb», porque incluso «uno de los máximos responsables a nivel nacional de la entidad acudió a dirigir personalmente la intervención tal y como se comprometió en la reunión que tuvimos en Madrid».