La jueza urge al alcalde de Laredo los expedientes de los contratos externos

Juan Ramón López Visitación. /Abel Verano
Juan Ramón López Visitación. / Abel Verano

El Juzgado pejino solicitó en agosto al regidor la documentación que justifique la contratación de asesores por parte del Consistorio, motivo por el que el arquitecto le acusa de malversación de fondos

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Laredo, Ana Cristina Pomposo, ha solicitado al alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación (PSOE), que entregue de manera «urgente» toda la documentación relativa a los contratos que el Ayuntamiento ha firmado con empresas externas, razón por la que el arquitecto municipal ha presentado una querella criminal contra el regidor por un presunto delito de malversación de fondos públicos, debido a que desde 2015 «la Alcaldía ha procedido a la contratación de asesores externos para todo tipo de trabajos, que pueden y deben ejecutar los funcionarios de la plantilla municipal, provocando un detrimento económico para las arcas municipales de forma injustificada».

Según señalaron ayer a este periódico fuentes de la investigación, en vista de que el regidor aún no ha entregado la documentación que el Juzgado le requirió hace más de tres meses, la magistrada ha dictado una providencia en la que reclama a López Visitación que entregue dichos documentos de manera «urgente» en el Juzgado.

EL ALCALDE

La acusación
El arquitecto acusa al alcalde de contratar asesores externos para trabajos que pueden hacer los funcionarios.
Cuándo
La querella criminal se presentó el pasado mes de mayo y meses después el Juzgado solicitó documentación al Ayuntamiento.
Diligencias
El querellante solicita al juez una serie de diligencias como el interrogatorio del alcalde, una documental de los encargos técnicos y jurídicos, y la declaración de seis funcionarios y un edil.

Como ya adelantó este periódico el pasado mes de agosto, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Laredo, practicó las primeras diligencias de este caso con la solicitud de diversa documentación al Ayuntamiento pejino.

Aunque la querella va dirigida contra el regidor pejino, el funcionario la hace extensiva a «otras personas que en la fase de instrucción del procedimiento pudieran aparecer como coautores o cómplices, e igualmente a todos aquellos hechos que queden al descubierto y que pudieran constituir un delito diferente a los ahora perseguidos».

El arquitecto municipal hace una detallada exposición de las empresas a las que el alcalde ha recurrido para realizar una serie de trabajos que entiende que deberían y podrían haber realizado los funcionarios municipales. Una de estas entidades, en concreto una ingeniería, ha llegado a acometer hasta una treintena de trabajos que han supuesto al Ayuntamiento un desembolso de 102.612 euros desde que comenzara la presente legislatura hasta la actualidad. De entre todos esos trabajos destacan, por su importe, el proyecto de urbanización de los barrios de San Lorenzo y El Pelegrín (15.984 euros), un informe del traspaso de gestión del polígono industrial al Gobierno regional (6.213 euros) o el pliego de cláusulas técnicas para sacar a concurso la reparación de la piscina municipal (4.416 euros).

Respecto a esta empresa, el querellante hace mención especial a tres proyectos. Uno es el referente a la elaboración de un informe pericial de la cabida de la finca situada en la Avenida de la Libertad, 11, «un encargo que es totalmente innecesario ya que en relación a esa finca existe un auto del Juzgado previo que establece perfectamente dicha cabida». Además, se hace referencicia a dos trabajos que se circunscriben dentro del conjunto histórico artístico de la Puebla Vieja, como son el proyecto de reconstrucción de la Puerta de Merenillo y el de restauración del lienzo norte de la Muralla Medieval, «que tienen que ser elaborados por un arquitecto y no por un ingeniero».

Por otro lado, el arquitecto de Laredo pone en cuestión la contratación de otro ingeniero para la realización de dos trabajos en 2016, consistentes en la elaboración de una propuesta para modificar puntualmente el Plan General de Laredo en el Sector IV (donde está la Campa de los Caballos) y la redacción de la modificación del estudio económico financiero de dicho plan, por importes de 1.452 y 2.420 euros, respectivamente.

Petición de diligencias

El arquitecto considera que la conducta del alcalde de Laredo se integra en el artículo 432 del Código Penal, relativo a la malversación, y que señala que «se impondrá las penas de prisión de cuatro a ocho años (...) si se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público o el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de los 50.000 euros».

Finalmente, el querellante solicita al Juzgado de Laredo una serie de diligencias como el interrogatorio del alcalde, una documental referente a los encargos técnicos y jurídicos, y la declaración de seis funcionarios municipales y un concejal como testigos.

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