El PRC de Laredo dice que es «nula» la adjudicación de la reforma de la piscina

La piscina de Laredo, cerrada desde 2015./Abel Verano
La piscina de Laredo, cerrada desde 2015. / Abel Verano

El Pleno pejino aprobó por segunda vez la asignación económica para llevar a cabo la obra, quince días después de que finalizara el plazo para firmar el contrato con la adjudicataria

Abel Verano
ABEL VERANOCastro Urdiales

Nuevo capítulo de la piscina municipal de Laredo, cerrada desde el pasado junio de 2015 ante el riesgo de derrumbe de la cubierta. Cuando todo parecía indicar que las obras comenzarían en las próximas semanas, una vez que se adjudicó la obra a finales del pasado mes de enero a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Gestión de Infraestructuras Cantabria-Centro Técnico de Construcciones -por un importe de 1.005.979 euros-, ha surgido un nuevo inconveniente que va a retrasar esta actuación. Y es que el pasado 13 de febrero finalizó el plazo para la firma del contrato entre el Ayuntamiento y la adjudicataria, y ese acto administrativo no se ha podido llevar a efecto porque no se había aprobado en Pleno la asignación económica necesaria para acometer la obra, procedente de 2018. Como consecuencia de esto, el portavoz del PRC, Pedro Diego, dejó claro en la sesión ordinaria de febrero, celebrada ayer, que «no existe adjudicación, que ese acto es nulo».

Lo que no se aclaró es qué pasará a partir de ahora. Cuál serán los trámites que tendrá que llevar a cabo el Ayuntamiento para solucionar este percance y sacar adelante la obra. Lo que sí hizo el Pleno pejino es aprobar una partida de un millón de euros (para sufragar la rehabilitación) después de haber restado los 200.000 euros de la subvención del Gobierno regional que el Ayuntamiento ha perdido, según los grupos de la oposición, por no haberlos justificado antes del pasado 31 de enero, último plazo que concedió el Ejecutivo cántabro. Algo con lo que discrepa el equipo de gobierno, que alega que antes de ese plazo presentó una justificación para no perder el dinero, «que está en las arcas del Ayuntamiento», según apuntó la portavoz del PSOE, Rosalina López.

Desde Izquierda Unida, el portavoz Alejandro Abad reconoció que «no esperábamos que íbamos a ir tan tarde con la piscina, después de que en 2017, propusiéramos junto a SSPL renunciar a las pistas de pádel para priorizar esta obra». «No sabemos cuál va a ser el proceso, pero esto tiene pinta de que se va a largar mucho».

El Ayuntamiento está a la espera de que el Gobierno diga si tiene que devolver una ayuda de 200.000 euros

Minutos después de que la portavoz de SSPL, Carmen García, explicase que no se ha firmado el contrato con la adjudicataria porque no se había aprobado la consignación económica, su homólogo del PRC, Pedro Diego, dejó claro que si se hubiera aplicado el Plan General de 1987 en lugar de 2015, tras la anulación por parte de los tribunales cántabros, «no se hubiera retrasado tanto esta obra». Aun así, recordó que la oposición aprobó el pasado año la financiación de la obra y ha sido ahora el equipo de gobierno el que no ha podido justificar los 200.000 euros de ayuda del Gobierno.

Ante los reproches de la oposición, la portavoz socialista aseguró que «la piscina tenía que estar hecha y terminada. Y si no se ha hecho es porque ustedes han votado en contra y han puesto pega tras pega».

Junto a la consignación económica para rehabilitar la piscina, el Pleno aprobó otra batería de partidas procedentes del año pasado que no han sido utilizadas aún y que ascienden a un total dos millones de euros para la construcción de unas pistas de pádel, arreglo de instalaciones deportivas, reparación de la cubierta del mercado, rehabilitación de la ludoteca, cubrición del parque infantil de la Alameda Miramar, entre otras.

Demolición del Tenis

En otro de los puntos del orden del día se aprobaron otra serie de partidas entre las que se encontraban los 226.554 euros para la rehabilitación del barrio de San Antonio, cuyo proyecto, según desveló el portavoz de IU, que se quejó de «mendigar entre información entre los técnicos municipales porque el equipo de gobierno no informa de nada», está ya finalizado tras varias modificaciones. Asimismo, se aprobó los 3,5 millones previstos para la demolición del Edificio Tenis, cuyas obras están en manos de la empresa pública Tragsa por orden judicial.

«El caso Tenis es el verdadero cáncer de este Ayuntamiento, igual que los 700.000 euros en subvenciones que ha perdido este equipo de gobierno en un año, todo un récord, lo mismo que el PSOE dice que se ha perdido con el Plan General anulado, que yo creo que es más», reprochó Diego.