La oposición de Laredo critica que la reforma de la piscina no haya comenzado

El próximo mes de junio se cumplirán cuatro años desde el cierre de la piscina pejina. /Abel Verano
El próximo mes de junio se cumplirán cuatro años desde el cierre de la piscina pejina. / Abel Verano

El portavoz de IU, Alejandro Abad, está preocupado ante una posible reclamación por daños y perjuicios de la empresa a la que se adjudicó la obra hace tres meses y medio

Abel Verano
ABEL VERANOLaredo

Han pasado tres meses y medio desde que el Ayuntamiento de Laredo adjudicase a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Gestión de Infraestructuras Cantabria-Centro Técnico de Construcciones, por un importe de 1.005.979 euros (se licitó en 1.169.107) las obras de rehabilitación de las piscinas municipales -cerradas desde junio de 2015-, y los trabajos aún no han comenzado. Es más, según señaló ayer el portavoz de IU Laredo, Alejandro Abad, a este periódico, ni siquiera se ha formalizado el contrato entre la empresa y el Ayuntamiento.

Hay que recordar que el pasado 13 de febrero finalizó el plazo para la firma del contrato entre el Ayuntamiento y la adjudicataria, y ese acto administrativo no se pudo llevar a efecto porque no se había aprobado en Pleno la asignación económica necesaria para acometer la obra, procedente de 2018. Como consecuencia de esto, el portavoz del PRC, Pedro Diego, dejó claro en la sesión ordinaria de febrero, donde se aprobó por segunda vez la partida para acometer la obra, que «no existe adjudicación, que ese acto es nulo».

El dato

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millón de euros es la cantidad por la que se adjudicaron las obras de rehabilitación de las piscinas municipales.

Aun así, el Pleno pejino aprobó una partida de un millón de euros (para sufragar la rehabilitación) después de haber restado los 200.000 euros de la subvención del Gobierno regional que el Ayuntamiento ha perdido, según denunciaron los grupos de la oposición, por no haberlos justificado antes del pasado 31 de enero, último plazo que concedió el Ejecutivo cántabro. Algo con lo que discrepó el equipo de gobierno, que alegó que antes de ese plazo presentó una justificación para no perder el dinero, «que está en las arcas del Ayuntamiento», según apuntó la por entonces portavoz del PSOE, Rosalina López.

El Pleno pejino aprobó en febrero, por segunda vez, la partida para costear las obras

Desde Izquierda Unida, el portavoz Alejandro Abad reconoció que «no esperábamos que íbamos a ir tan tarde con la piscina, después de que en 2017, propusiéramos junto a SSPL renunciar a las pistas de pádel para priorizar esta obra». «No sabemos cuál va a ser el proceso, pero esto tiene pinta de que se va a alargar mucho». De su lado, Pedro Diego dejó claro que si se hubiera aplicado el Plan General de 1987 en lugar de 2015, tras la anulación por parte de los tribunales cántabros, «no se hubiera retrasado tanto esta obra». Aun así, recordó que la oposición aprobó el pasado año la financiación de la obra «y el equipo de gobierno no ha podido justificar los 200.000 euros de ayuda del Gobierno».

Pasados dos meses y medio desde ese pleno en el que se habilitó el dinero para poder iniciar las obras, el expediente sigue «parado», según confirmó ayer el portavoz de IU.

«Estamos muy preocupados porque ni siquiera se ha formalizado el contrato y nos tememos que la empresa adjudicataria pueda reclamarnos una indemnización por daños y perjuicios por la dejadez de los hermanos López», señaló Abad.

Este periódico se puso en contacto con la empresa, pero prefirió no pronunciarse al respecto.

Un año, el plazo de ejecución

Un año es el plazo de ejecución que se contempla para llevar a cabo la rehabilitación de la piscina. En el proyecto se recoge, entre otras actuaciones, que en la planta baja del edificio, se ha optado por centralizar el control de acceso en la zona noroeste con el fin de poder fiscalizar con mayor facilidad tanto el acceso de los usuarios habituales como del público eventual. Junto a este control se situarán las zonas de administración y de dirección de la instalación.

Por este motivo, se eliminará tanto el ascensor existente, «que incumple la normativa vigente en cuanto a la accesibilidad que marca el CTE (Código Técnico de la Edificación), como la actual escalera principal». De esta forma, los redactores del proyecto entienden que se consigue una mejora sustancial de la comunicación con la planta superior al diseñarse junto a la zona de control un ascensor con dimensiones optimizadas para su utilización por personas con discapacidad, y que cumple sobradamente las medidas mínimas exigidas. Este ascensor tendrá embarque a 90º para facilitar su utilización en las tres plantas a las que dará servicio. Junto a él se situará una nueva escalera que desembarcará en la planta primera junto a los accesos de los nuevos vestuarios.

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