El 'fugitivo de Turieno' será juzgado el 27 y 28 de octubre

La Fiscalía, que pide 13 años de prisión en total, le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que pide siete años y medio de prisión y siete años de libertad vigilada. Y también un delito de atentado a agentes de la autoridad por el que solicita otros cuatro años y medio de prisión, y otro más por tenencia ilícita de armas.

Este hombre, que fue detenido tras veinte horas de huida cuando volvía a su casa, se encuentra en prisión provisional prácticamente desde que ocurrieron los hechos.

Los hechos ocurrieron en verano de 2018 y el implicado, Luciano José Simón Gómez está prisión provisional desde entonces.

El altercado se originó en la tarde del 17 de julio cuando, sobre las ocho de la tarde, el procesado se encaró a sus hermanos tras entrar en la vivienda, en la citada localidad de Camaleño (Liébana) por no saber nada de él y avisaron a Guardia Civil.

Una vez en el lugar, amenazó y disparó desde la ventana a los agentes, hiriendo en el pie a uno de ellos cuando subía por las escaleras después de haber accedido a la vivienda. Tras esto, el acusado huyó y fue detenido tres días después en las inmediaciones del lugar.

La Audiencia provincial le denegó este verano la libertad provisional por riesgo alto de fuga, y prorrogó hasta dos años más la situación de prisión provisional comunicada y sin fianza en la que se encuentra desde el 20 de julio de 2018, hace ya más de dos años.

Tras dar traslado de la causa a las acusaciones personadas, Ministerio Público, Abogacía del Estado y la acusación particular que ejerce el guardia herido, la Fiscalía ha solicitado trece años de prisión.

Le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que pide siete años y medio de cárcel, inhabilitación durante el periodo de condena, y siete años de libertad vigilada. Y por el delito de atentado a agentes de la autoridad solicita otros cuatro años y medio de prisión, y otro más por tenencia ilícita de armas.

Asimismo, el fiscal le pide una multa de 6.750 euros por un delito de daños, y una indemnización de 21.000 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones causadas al agente de la Guardia Civil que hirió, así como la cantidad en la que se tasen determinados gastos, al Servicio Cántabro de Salud y a la Guardia Civil.