El Gobierno comienza la restauración ambiental de la variante de Comillas

El Ejecutivo deberá hacer una completa restauración ambiental en toda la zona afectada por el proyecto de la variante de Comillas / Javier Rosendo

G. SELLERS / E. MUNÁRRIZ SANTANDER.

El Gobierno de Cantabria ya ha comenzado a borrar las huellas ambientales que provocó al construir la variante de Comillas, que fue declarada ilegal hace ya ocho años. La máquinas de Tragsa trabajan para reparar los daños que causó el asfalto después de que los jueces suspendieran el proyecto estrella de aquella legislatura del PRC-PSOE, con la que el bipartito pretendía acabar con los atascos que sufre la villa, especialmente durante los meses de verano, y sacarlo fuera del casco urbano. La Consejería de Obras Públicas, en manos de José María Mazón, destina 494.000 euros para revertir los efectos de una idea de su titular con el objetivo de devolver a su estado natural los terrenos afectados por las obras antes de que se detuvieran los trabajos.

Fue entre los años 2008 y 2011 cuando Obras Públicas y Vivienda puso en marcha un plan de choque para mejorar la red de carreteras autonómicas, que incluía la construcción de la llamada Variante Este de Comillas, un tramo nuevo de la CA-135 entre Cabezón de la Sal y la villa marinera con un coste de 7,7 millones de euros. El proyecto fue aprobado en el Consejo de Gobierno del 1 de marzo de 2007 y comenzaron los trámites para unas obras que no tardaría en encontrarse con obstáculos en los tribunales.

En mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) decidió paralizar cautelarmente los trabajos en aquellas zonas que pudieran afectar al espacio protegido como lugar de interés comunitario y al patrimonio cultural. Y un año después anuló todo el proyecto debido a su impacto ambiental, por el daño que podría causar al patrimonio arqueológico y porque vulnera el Plan de Ordenación del Litoral.

La empresa Tragsa tiene seis meses para realizar los trabajos para recuperar la zona

El Ejecutivo recurrió el fallo, pero el Supremo siguió sin darle la razón en 2013, por lo que Obras Públicas tuvo que tirar a la papelera el proyecto de la variante de Comillas. Fue «un día duro y malo», como en su día lo definió Miguel Ángel Revilla.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, se han encargado a la empresa pública porque el Servicio de Carreteras Autonómicas no dispone de los medios materiales «imprescindibles y apropiados» (tractores con brazos desbrozador) para la ejecución de este tipo de trabajos, además de que su personal es «insuficiente» para atender esta prestación.

En el anuncio publicado en mayo en el Boletín Oficial de Cantabria, la Consejería detalla que antes de la paralización de los trabajos, se había ejecutado el desbroce de un tramo de dos kilómetros de la carretera, así como del ramal de acceso a un camino vecinal. Por otra parte, se había hecho uso parcial de un depósito de tierras para el desmonte y un muro de escollera de contención.

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