El juez desestima el recurso de un concejal socialista contra el alcalde de Alfoz de Lloredo

El juez desestima el recurso de un concejal socialista contra el alcalde de Alfoz de Lloredo
Sane

Considera justificada la expulsión del edil de un pleno por parte del regidor porque el primero «alteró el orden de la sesión»

Lucía Alcolea
LUCÍA ALCOLEACabezón de la Sal

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo contra la sentencia en la que se estimaba el recurso interpuesto contra el alcalde, Enrique Bretones, de expulsar al concejal del PSOE Fernando Rodríguez, del pleno celebrado el pasado 10 de mayo de 2018. La Sala considera por tanto que tal expulsión fue adecuada porque, tal y como reza la sentencia, el concejal «alteró el orden de la sesión».

Según se explica en el documento judicial, la expulsión se produjo después de que el concejal del PSOE intentase grabar la sesión con su teléfono móvil, colocando éste en una mesa junto a su asiento. Motivo por el que el alcalde le requirió que pusiera el dispositivo «en una mesa en la que se emplaza también la cámara que se usa para la grabación del pleno, que lleva a cabo una periodista en los plenos por encargo del Ayuntamiento, y que se pretende sea una especie de punto común desde el que realizar cualquier grabación». Sin embargo, el concejal se negó y fue expulsado de la sesión por el regidor, que antes le había reiterado dos veces su petición.

En la sentencia se dice que la grabación está permitida, siempre y cuando no perturbe los derechos de los concejales, «otra cosa es la forma o las circunstancias materiales en que tal grabación se realiza, el modo de obtención de las imágenes y su resultado, lo que sí puede afectar negativamente al ejercicio de sus derechos». En este caso, continúa el documento, «sí es relevante el lugar desde donde el concejal pretendía grabar las imágenes, ya que determinaba la obtención de una imagen fija, cercana y concentrada en concretos concejales, lo que posteriormente se difundía en la red». Según el juez, «esta forma de grabación convierte a estos concejales concretos en protagonistas de la grabación, aislándoles del resto de los políticos presentes en la sala, como si el fin fueran ellos y no captar el debate y la deliberación del pleno (...)». Por eso, considera que «no parece difícil atribuir a tal grabación la virtualidad de perturbar y condicionar la actuación de aquellos». El juez estima que se trata de «una perturbación relevante, en modo alguna necesaria y plenamente evitable, por lo que queda afectado sustantivamente el ejercicio legítimo de la función de los concejales y por tanto, el orden de la sesión». Es más, según la sentencia, «los concejales no tienen por qué penar con la grabación directa de sus personas, la que pone la atención exclusivamente en su comportamiento, haciendo de él y de su exhaustivo control el objetivo de aquélla, con clara desviación del fin que la justifica, que es la grabación, a efectos de información, del desarrollo de las sesiones de un órgano representativo».

El concejal intentó grabar el pleno «con clara desviación del fin que lo justifica»

El alcalde, Enrique Bretones, explicó que «ya es la tercera vez que el Juzgado nos da la razón en un pleito con el Partido Socialista». En la nota de prensa enviada por el regidor, se explica que «el PSOE ha perdido los tres pleitos que ha abierto contra el alcalde; dos de ellos por derechos fundamentales, en los cuales se le ha dado la razón al alcalde; y otro por una denuncia penal que ha sido sobreseída».

Bretones indicó que «estaba convencido de que íbamos a ganar el juicio, porque en todo momento actué intentando que el pleno se desarrollase con total normalidad». «Siempre grabamos las sesiones plenarias y las subimos a Youtube, pero el concejal socialista lo que quería era provocar, no informar a la ciudadanía sobre la vida política del municipio».

El regidor popular, que se ha visto envuelto en varios procesos judiciales por denuncias interpuestas por la oposición, concretó que «llevo más de 20 procesos judiciales ganados, porque al final lo único que busca este partido es tergiversar y alterar la vida política». En la sentencia se condena al denunciante a pagar las costas derivadas del proceso judicial.