Arranca el juicio en el que Fadesa reclama casi 70 millones de euros a Piélagos por las viviendas del Cuco

La demolición de las casas del alto del Cuco se realizño en 2016./Javier Rosendo
La demolición de las casas del alto del Cuco se realizño en 2016. / Javier Rosendo

Se celebra este lunes en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander

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DM .Santander

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander acogerá este lunes, día 5 de noviembre, el juicio por la reclamación patrimonial que ha realizado al Ayuntamiento de Piélagos la promotora Martinsa-Fadesa, que construyó 214 viviendas declaradas ilegales en el Alto del Cuco.

El juicio será a las 11.30 horas, según han confirmado fuentes municipales, que destacan que la empresa ha solicitado al Consistorio una indemnización de cerca de 70 millones de euros.

La promotora ya había presentado al Ayuntamiento de Piélagos una reclamación patrimonial que fue desestimada en vía administrativa en diciembre del año pasado.

Martinsa-Fadesa construyó las 214 viviendas que fueron declaradas ilegales del Alto del Cuco, incluidas en un plan parcial que el Consistorio, gobernado entonces por el PP, aprobó en 2004, a pesar de que el Gobierno de Cantabria le requirió hasta en tres ocasiones que lo paralizara y anulara, algo que finalmente hizo el Tribunal Supremo en 2007.

A consecuencia de esta anulación, se tuvieron que derribar la urbanización del Alto del Cuco y las viviendas, lo que se llevó a cabo en 2016 a través de un plan de demolición ejecutado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y una actuación de restauración ambiental de la zona, actualmente en desarrollo.

El Consistorio debe abonar al Ejecutivo regional el coste de esta actuación, estimado en unos cuatro millones de euros.

En este asunto, el equipo de gobierno actual ha apostado hasta ahora por que el Ayuntamiento de Piélagos defienda los intereses del municipio y los vecinos para tratar de evitar asumir esa responsabilidad patrimonial que le reclama la promotora, ya que, de tener que hacerlo, el Consistorio «no tendría con qué hacerle frente».

Es por lo que ha justificado la conveniencia de esperar y de que sean los tribunales de Justicia los que determinen si existe o no esa responsabilidad y, en caso afirmativo, cuantificarla.

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