Piélagos discrepa de las cantidades que reclama Fadesa por el derribo de las 214 viviendas de El Cuco

Piélagos discrepa de las cantidades que reclama Fadesa por el derribo de las 214 viviendas de El Cuco
Antonio 'Sane'

La constructora atribuye a este proyecto fallido su situación económica -está en suspensión de pagos- y valora en 70 millones los daños causados

DM .
DM .Santander

El Ayuntamiento de Piélagos y Martinsa-Fadesa han expresado hoy sus discrepancias sobre la valoración de los daños causados por el derribo de las viviendas declaradas ilegales en el Alto del Cuco a la promotora, que reclama 70 millones de euros al Consistorio.

Peritos de ambas partes han declarado en el Jugado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander, y tras la vista de este lunes, la empresa y el Ayuntamiento deberán presentar sus conclusiones por escrito.

Martinsa-Fadesa, que actualmente está en concurso de acreedores, construyó las 214 viviendas del Alto del Cuco que fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo en 2007. Las viviendas estaban incluidas en un plan parcial que fue aprobado por el Ayuntamiento en 2004, cuando gobernada el PP, a pesar de que el Gobierno de Cantabria le requirió hasta en tres ocasiones que lo paralizara.

Entre otras cuestiones, las partes discrepan sobre las 1.400 facturas supuestamente relacionadas con la promoción que ha presentado la empresa, las retribuciones a los técnicos y el coste del proyecto, y sobre los terrenos.

La empresa los incluye en su informe sobre los daños porque se compraron para ejecutar las viviendas que después fueron demolidas y su cuantía había sido asumida por la promotora, que pagó por ellos «en función de sus expectativas», ha explicado uno de los peritos que lo ha elaborado.

A la pregunta del abogado del Ayuntamiento de si se ha tenido en cuenta que los terrenos son urbanizables y se pueden desarrollar con un plan parcial, ha respondido que eso no lo ha «podido valorar».

Uno de los peritos del Consistorio ha señalado además que en el informe de la administración concursal la empresa no se refiere a los terrenos como a «un pasivo tóxico», que tenga efectos negativos para la contabilidad.

En la vista ha declarado también un geólogo que ha afirmado que el informe de impacto ambiental del proyecto incluía «cálculos inexactos» en la afección paisajística, porque solo recogía una de las diez cuencas visuales.

Según este perito, al Ayuntamiento no tenía «técnicamente» la posibilidad de detectar esos errores del informe, que le llegó aprobado mientras que el Gobierno de Cantabria «podría haberlo ampliado».

El Consistorio discrepa también con la relación de facturas que ha presentado la empresa, que según el perito de esta parte incluyen algunas «con nombres como Toledo o de otras entidades». Además ha recordado que a la empresa se le hizo una quita del 70 por ciento mientras que ahora reclama el cien por cien.

Y sobre las retribuciones, ha argumentado que la empresa tenía técnicos en nómina que se encargaron de elaborar el proyecto, por lo que no habría que incluir el coste de sus honorarios entre los daños.

El abogado de Fadesa ha dicho a los periodistas, antes de la vista, que la declaración de estas viviendas como ilegales ha sido uno de los motivos por los que la empresa «se vio arrastrada» a la situación en la que se encuentra, en fase de liquidación. Ha afirmado que las licencias se anularon por un problema ambiental que el Ayuntamiento tendría que haber contemplado cuando las otorgó, causando un daño a la empresa que calcula en 70 millones, entre el daño emergente y el lucro cesante.

El abogado ha recordado que hubo negociaciones entre ambas partes que no les han evitado la vía contencioso- administrativa. «La reclamación se presentó en 2012, estamos en 2018 y no hemos conseguido ningún avance», ha apostillado el letrado, quien ha apuntado que si la reclamación sale adelante, el dinero iría a «mitigar» el pasivo de la empresa.

El derribo de la urbanización del Alto del Cuco y las viviendas se llevó a cabo en 2016 a través de un plan de demolición ejecutado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y una actuación de restauración ambiental de la zona, actualmente en desarrollo.

El Consistorio debe abonar al Ejecutivo regional el coste de esta actuación, estimado en unos cuatro millones de euros.

El equipo de gobierno actual ha apostado hasta ahora por que el Ayuntamiento de Piélagos defienda los intereses del municipio y los vecinos para tratar de evitar asumir esa responsabilidad patrimonial que le reclama la promotora, ya que, de tener que hacerlo, «no tendría con qué hacerle frente».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos