Dimiten los dos concejales de Santoña procesados junto Puerto Gallego y seis exediles por prevaricación

Alonso ha explicado a Efe que registraron en el día de ayer su dimisión en el Ayuntamiento «en cumplimiento con el código ético del PSOE y del suyo propio». En este sentido, la hasta ahora edil de Obras y Servicios ha asegurado que todos estos años al servicio de la política ha trabajado con «honradez» y cree que no ha cometido «ningún delito», por lo que puede estar «con la cabeza muy alta». «Son muchos los que han sentido mi decisión y continuos los mensajes de apoyo», ha confesado Alonso, quien ha afirmado que «la vida continúa y nadie evitará que siga siendo feliz».

En este mismo sentido, el alcalde de Santoña, Sergio Abascal, ha respaldado la «honorabilidad» de sus dos compañeros de partido imputados y ha remarcado que son «los que más han hecho» por el municipio. «Son grandes personas y muy buenos trabajadores que no tienen nada de delincuentes», ha añadido el regidor.

Los ocho años de inhabilitación que pide la Fiscalía son los mismos que pide la acusación que ejerce el Partido Popular, en tanto que quien dio origen a todo el proceso hace ocho años, el exconcejal del Movimiento Falangista de SantoñaLeoncio Calle Pila, eleva hasta nueve años la petición. Sólo queda que los abogados defensores presenten sus escritos de conclusión para fijar la fecha de la vista oral.

El actual alcalde de Santoña ha aplaudido hoy la decisión de que los dos concejales en ejercicio implicados en este caso se hayan apartado de la vida política para «defenderse después de 10 años de una instrucción inadmisible, con archivo y reapertura de causa» y que les ha generado «una tortura e incertidumbre constante», por lo que desea que acabe «esta situación de acoso».

Calle y el Partido Popular denunciaron al equipo de gobierno del PSOE de Santoña, con Puerto Gallego a la cabeza, por fraccionar contratos del Ayuntamiento en cuantías menores para que no saliesen a concurso público y adjudicarlos a «empresas afines», a pesar de los reparos emitidos por los interventores desde 2003.

La denuncia presentada hace casi una década por Leoncio Calle Pila, a la que posteriormente se sumó el PP, se llevó por delante la carrera política de Gallego cuando el Tribunal Supremo dio a conocer que iba a investigar a la parlamentaria tras apreciar la existencia de indicios de la comisión de un delito de prevaricación. Antes de ser citada a declarar como imputada, la dirigente socialista se reunió con su partido y entregó su acta. Gallego se apartó de todos los cargos y volvió a ejercer la pedriatría.