Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
El juez acuerda la apertura de juicio oral contra los cuatro administradores, a los que exige una fianza de 533.333 euros para asegurar las posibles responsabilidades
Los cuatro administradores del camping Arenas de Ajo se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por la ampliación ilegal de sus instalaciones ... que la Fiscalía califica como un delito continuado contra la ordenación del territorio por el que pide cuatro años de cárcel y una multa de 72.000 euros, que la acusación particular eleva a cuatro años y medio y a 216.000 euros.
El titular del tribunal de instancia Nº2 de Santoña, Carlos Miguel Arcay, acordó la apertura de juicio oral en un auto dictado a finales del pasado junio y una vez presentados los escritos de acusación se está a la espera de que las defensas aporten el suyo para que el instructor mande los autos al Juzgado de lo Penal de Santander para su enjuiciamiento.
En dicha resolución, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, requirió a los cuatro acusados que prestasen una fianza de 533.333 euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran imponerse.
Para poner en contexto este asunto hay que recordar que, tras un largo periplo judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ya declaró ilegal la ampliación del camping, en octubre de 2024, ordenando el cese de la actividad y la demolición de las construcciones afectadas. Una decisión que llevó al Ayuntamiento de Bareyo a cortar el agua y la luz de la parte ilegal el pasado enero, generando protestas por parte de los campistas afectados, que acusaron a la dirección del camping de haberlos «estafado».
Ahora, la Fiscalía relata que, desde el año 2011, los cuatro acusados han venido realizando diferentes actuaciones en nueve parcelas afectadas por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) de Cantabria, «declaradas como suelo no urbanizable especialmente protegido, por razones de producción o por valor ecológico-paisajístico, sin que las obras sean legalizables ni se hayan autorizado», pese al informe negativo del Gobierno de Cantabria, que el TSJC ratificó posteriormente.
Al Ministerio Público le constan hasta cuatro acuerdos del Ayuntamiento de Bareyo ordenando la paralización de las obras, «que no fueron atendidas por los acusados». Por eso, solicita a los procesados que procedan a la demolición de las obras estructurales realizadas, debiendo restaurar el terreno a su estado primitivo. Una actuación que un perito estima que supone un desembolso de 435.993 euros.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
