El Supremo rechaza el recurso contra el derribo de una urbanización en Argoños

Imagen de archivo de la urbanización La Llana en Argoños./DM
Imagen de archivo de la urbanización La Llana en Argoños. / DM

El alto tribunal no da por válidos los recursos presentados por el Gobierno regional en contra de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ordenaba la demolición de ocho casas unifamiliares en La Llana

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DM .Santander

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado un recurso que planteó el Gobierno regional contra un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ordenaba proseguir con la ejecución del derribo, en este caso de ocho viviendas unifamiliares pareadas en La Llana (Argoños).

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia acordó en 2016 continuar con el proceso para ejecutar la sentencia y requerir al Ayuntamiento de la localidad y al Ejecutivo para que impulsaran los trámites necesarios para el derribo. Al Consistorio le pedía que remitiera en el plazo de 30 días las escrituras de compraventa y la certificación registral de las viviendas, y al Ejecutivo que en ese mismo plazo presentara el proyecto de demolición. Pero el Gobierno de Cantabria recurrió ante el Supremo basándose en el artículo 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según el cual antes de proceder a la demolición debe incoarse expediente administrativo de responsabilidad patrimonial para identificar a los titulares de los inmuebles y determinar las sumas debidas por la Administración a los terceros de buena fe afectados.

En una sentencia que ha consultado EFE, fechada el 4 de abril, el Tribunal Supremo rechaza los argumentos del Gobierno de Cantabria. El alto tribunal destaca que ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre otros recursos planteados en términos coincidentes con éste. Y, «con vistas a evitar innecesarias reiteraciones», el magistrado ponente da por reproducido el contenido literal de las anteriores resoluciones. «En aras al principio de unidad de doctrina no cabe además apartarse un ápice de nuestras resoluciones precedentes, habida cuenta de la similitud de los supuestos en que tienen su origen», se recoge en la sentencia.

El Supremo reproduce así las consideraciones que ya hizo en otras resoluciones anteriores y subraya que ese precepto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no supone que haya que tramitar un procedimiento contradictorio ni precisa que las indemnizaciones hayan sido fijadas como debidas en un procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente de ejecución de sentencia.

El Supremo explica que lo que se hace es un trámite «integrado en la ejecución de la sentencia», que consiste en la adopción por parte del órgano jurisdiccional de las medidas de aseguramiento para responder del pago de las indemnizaciones.

El alto tribunal recalca por tanto que ese artículo legal no impide la ejecución de las resoluciones judiciales ni vulnera el artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ello porque el Tribunal ha dicho en reiteradas ocasiones que el artículo 108.3 no supone un supuesto de imposibilidad o suspensión de la ejecución de la sentencia de derribo, precisamente en aras del derecho a la tutela judicial efectiva.