El alcalde de Ribamontán al Monte desvía la atención hacia la interventora

Esa especie de vendetta de raíz amorosa por parte de la secretaria-interventora llamó la atención hasta la propia juez, que repreguntó al imputado por tan delicada afirmación, a lo que el alcalde respondió insistiendo en que la funcionaria comenzó a poner reparos a sus decisiones cuando el Ayuntamiento prescindió de su pareja sentimental. Pero no se quedó ahí, porque el regionalista indicó que la supuesta ojeriza de la secretaria, que durante los años 2016 y 2017 se opuso a varias resoluciones de la alcaldía por ilegales, nace también de su amistad y relación con el PP.

Precisamente es este partido el impulsor de la querella contra el alcalde, una acusación que en los próximos días ampliará a los otros cuatro concejales regionalistas y al edil socialista que presta su voto al PRC para gobernar en este ayuntamiento. Los populares, que atribuyen un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) a Arco Alonso, van a ampliar la acusación al delito de malversación de fondos públicos, que conlleva penas de prisión.

El PP acusa al regionalista de pagar de facturas por valor de casi 20.000 euros en contra de los informes de ilegalidad de la secretaria municipal. Entre ellas se encuentra el abono de 4.000 euros en concepto de honorarios al abogado que defendió al propio alcalde, la teniente de alcalde y una extrabajadora en un procedimiento penal. Arce explicó que había sido denunciado por razón de su cargo, aunque después reconoció que los delitos atribuidos eran comunes (coacciones y contra el honor) y que no se exigía ninguna responsabilidad civil al Ayuntamiento. Sobre el resto de las facturas, relacionadas con el pago de sendos informes jurídicos en contra de los informes de intervención, argumentó que era necesario su abono para evitar daños al Ayuntamiento.

Los populares le recriminan también la contratación irregular del aparejador municipal. Este técnico estuvo un año como trabajador eventual, pero después siguió en el Ayuntamiento. La interventora advirtió de que había que regularizar la situación y, como no se hizo, se negó a autorizar el pago por ilegal a pesar de lo cual el alcalde le reintegró los salarios correspondientes. En su defensa, Arco alegó ayer que el arquitecto técnico «estaba trabajando y había que pagarle», y que el mismo sistema se había seguido en la legislatura anterior. También reconoció que se devolvieron a un constructor 77.500 euros del impuesto de una obra no ejecutada, a pesar de que la secretaria se opuso porque había prescrito. Por este caso se celebró un juicio contencioso administrativo, que ganó el promotor porque el Ayuntamiento no se presentó.