El alcalde de Solórzano defiende la legalidad de una contratación pública y niega el enchufismo
El regidor popular, Santiago Campos, responde así a las acusaciones del PRC de que creó una plaza a medida al concretar que el candidato debía tener entre 26 y 28 años
El alcalde de Solórzano, Santiago Campos (PP), ha salido este lunes al paso de las declaraciones del PRC que le acusaba de haber llevado a cabo el proceso de contratación de una plaza pública «a medida de una persona en concreto», después de incluir en el expediente de la convocatoria que el candidato debía tener entre 26 y 28 años, una cláusula que no habría sido introducida en la convocatoria publicada finalmente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Tras ser acusado de enchufismo, el regidor ha defendido de nuevo «la legalidad y la total transparencia» de la Oficina Municipal a la hora de efectuar esta contratación, «que respondía a la necesidad urgente de reforzar el trabajo diario del Ayuntamiento». De hecho, ha explicado, «no ha existido ni existe impugnación alguna de la oferta de empleo público ni del resultado del proceso de selección, hasta el punto de que son actos firmes», ha dicho refiriéndose a la solicitud por parte del PRC de impugnar el proceso.
Campos ha concretado que la oferta fue publicada oficialmente en el portal del SEPE sin establecer «ningún límite mínimo o máximo de edad distinto a los requeridos legalmente con carácter general a los empleados públicos, lo que permitió la participación de todas las personas interesadas que cumpliesen los requisitos de forma abierta y transparente». Es más, el regidor aseguró en su momento que en una primera fase se presentaron veinte aspirantes, de los cuales serían elegidos seis para designar finalmente a la persona que ocupa el puesto. «Se recibieron cerca de veinte currículos de personas de distintas edades y tras su valoración, se realizaron entrevistas con preguntas técnicas formuladas por la secretaria centradas en las funciones del puesto».
Difusión
Además, el regidor ha apuntado a la «difusión no autorizada en redes sociales de fotografías de documentos de trabajo interno municipal entre personas ajenas a la Corporación», refiriéndose al expediente elaborado por el propio Ayuntamiento, donde se recogía la edad que debía tener el candidato, al que el PRC tuvo acceso y que publicó para argumentar su acusación sobre el supuesto «enchufismo» del alcalde popular. Por su parte, Campos asegura que las imágenes de la convocatoria municipal que acabaron en manos de los regionalistas «no reflejan la versión definitiva ni el contenido finalmente remitido al SEPE y ha generado confusión entre los vecinos, posiblemente con la intención de afectar a la imagen del equipo de gobierno, en particular del alcalde y la secretaria».
La entidad municipal, recuerda, «solicitó expresamente un puesto de apoyo administrativo y jurídico, ante la necesidad urgente de reforzar la carga de trabajo existente». En ese momento, «únicamente había una persona que asumía la gestión administrativa, debido a una baja laboral en la plantilla, lo que hizo necesario incorporar apoyo de manera inmediata». El objetivo era «garantizar la continuidad del trabajo y reforzar tanto la tramitación administrativa diaria, como el asesoramiento jurídico en los asuntos de actualidad, así como prestar apoyo a la secretaria-interventora en acumulación, para asegurar un funcionamiento eficaz de la gestión municipal».
