Cantabristas pide que se pare el trámite para autorizar la planta de biogás de Hazas de Cesto
El partido recuerda que el proyecto está pendiente de una resolución judicial sobre su declaración de interés social
El partido Cantabristas ha solicitado la paralización del expediente de solicitud de autorización para la planta de biogás de Hazas de Cesto por las «deficiencias jurídicas» que acumula su tramitación. Esta formación se une así a otras voces, como el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte y el colectivo Stop Macroplanta, que este verano mostraron su rotunda oposición al proyecto. Este, sin embargo, es respaldado por el municipio de Hazas, dado que supondrá una inversión de 30 millones de euros.
Cantabristas ha presentado nuevas alegaciones en las que señala la falta de coincidencia entre los titulares de los permisos del proyecto de la planta de biogás y su dependencia de un acto habilitante cuya validez está pendiente de resolución judicial.
La organización se refiere a la Declaración de Interés Social firmada por el regionalista Guillermo Blanco en 2021 (cuando era consejero de Ganadería), que era una condición imprescindible para habilitar el plan. Esta declaración se encuentra actualmente judicializada por este partido y por vecinos de la zona ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que, según Cantabristas, impide la continuidad de la tramitación hasta que exista una respuesta firma de la justicia a esta cuestión.
Por este motivo, el partido considera que el proyecto «no debe avanzar en ningún sentido, dado que podría declararse en cualquier momento nulo o anulable».
Sumado a este impedimento legal, las alegaciones cantabristas señalan «vicios graves de forma y procedimiento», como la discrepancia entre el titular de la autorización ambiental (Verdalia Bio Hazas S.L.U) y el titular del expediente urbanístico (Biofertilizante Green Grass S.L), que deberían ser la misma entidad.
Al no serlo, el partido nacionalista considera que se podría estar vulnerando el principio legal de unidad del promotor, lo que constituiría un defecto insubsanable conforme a la legislación vigente.
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