El juez exime a Riotuerto de indemnizar a las empleadas de Ayuda a Domicilio

Alfredo Madrazo, alcalde de Riotuerto./
Alfredo Madrazo, alcalde de Riotuerto.

El TSJC ratifica que eran trabajadoras de Carflor, empresa que las contrató y luego las dio de baja para asumir el contrato del servicio municipal

Elena Tresgallo
ELENA TRESGALLORiotuerto

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha ratificado ya la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Santander por el cual se condena a la empresa Carflor a asumir las indemnizaciones por despido de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Riotuerto. La sentencia confirma la «libre absolución» del Ayuntamiento presidido por Alfredo Madrazo por entender que «es la empresa Carflor quien las despidió y sobre todo quien tenía la relación contractual-laboral con las trabajadoras demandantes», explicó el regidor en un comunicado.

De esta forma se suma un capítulo más al problema suscitado en el municipio con el contrato de la Ayuda a Domicilio que sigue sin prestarse desde marzo de 2017, tras la renuncia de la primera de las empresas Urbania-Zahoz y la negociación de la cesión del servicio a Carflor que, según el nuevo veredicto judicial -ante el que cabe recurso de casación-, es la responsable de haber asumido el contrato de las trabajadoras, por lo que considera que ha de cargar con su indemnización.

La nueva sentencia que da la razón al Consistorio viene a reconocer que Carflor sí asumió un contrato tras darse de baja del servicio unilateralmente la anterior adjudicataria. Entretanto esta UTE ( Urbania Zahoz) estuvo sin abonar los salarios a las trabajadoras durante meses y éstas tuvieron que acudir a sus puestos de trabajo sin cobrar hasta que llegó Carflor que las contrató y, a los pocos días, las despidió tras romperse la negociación con el Ayuntamiento e iniciarse otro frente judicial. Fue la administración municipal quien, en diciembre de 2017, pagó los atrasos a las empleadas generados por la primera adjudicataria.

La sentencia confirma la «libre absolución» del Ayuntamiento que preside Alfredo MadrazoAlfredo Madrazo

Frente a este nuevo veredicto favorable al Ayuntamiento existe, sin embargo, una sentencia anterior a la actual, en la que la sala de lo Contencioso Administrativo número uno de Santander declaró nulo el contrato menor por la prestación del servicio de ayuda a domicilio de la empresa Carflor en Riotuerto. Un fallo que supuso un jarro de agua fría para los intereses municipales, puesto que el Tribunal admitió la demanda de la segunda empresa que acusó al Ayuntamiento de urdir un «engaño» para que asumiera el servicio y el contrato de las trabajadoras en las mismas condiciones que la primera adjudicataria cuando -según Carflor- nunca ofertó eso.

La nueva sentencia viene a devolver en parte, ahora, la razón al Consistorio en tanto en cuanto admite que las trabajadoras las había asumido Carflor, y por ello entra en contradicción con el anterior veredicto liando un poco más si cabe la madeja judicial en la que se ha convertido todo el proceso contractual para prestar el servicio. En todo caso, el Ayuntamiento de Riotuerto ha recurrido ya también la anterior sentencia que le era perjudicial y está a la espera de un nuevo fallo, mientras que Carflor tiene hasta hoy de plazo para estudiar si opta por recurrir la suya en relación a asumir los despidos o mantener a las trabajadoras en otros puestos dentro de la empresa.

Sin servicio de ayuda

Entretanto, el servicio municipal de Ayuda a Domicilio es inexistente desde marzo de 2017, en esa fecha se prestaba a un total de 17 personas a las que se comunicó la imposibilidad de seguir por los problemas suscitados con la rescisión del contrato a la primera empresa y la cesión a la segunda.

Por otro lado, durante todo el proceso, las trabajadoras han sido la parte más débil del mismo al igual que los usuarios, ya que primero estuvieron sin cobrar y, después, una vez que se les reconoció el despido nulo en primera instancia han estado contratadas por Carflor, pero sin que esta les encargara trabajo alguno por lo que se personaban a diario en el Ayuntamiento a que les firmasen su estancia allí, hasta el pasado 11 de junio, fecha de la resolución judicial.

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