La planta de biogás de Hazas sigue adelante pese al rechazo de la oposición en el Parlamento

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó ayer el expediente de solicitud de autorización urbanística, esto es, el trámite necesario para poder instalar la planta en suelo rústico. A partir de su publicación, los interesados disponen de 15 días para presentar alegaciones en el ámbito urbanístico. Se siguen dando pasos hacia delante, así, hacia la polémica planta que la empresa Verdalia Bioenergy proyecta en Hazas, que también afecta a Ribamontán al Monte. Una propuesta que se ha topado con una fuerte oposición ciudadana y la movilización de vecinos de los pueblos colindantes, quienes rechazan de pleno la iniciativa por el impacto negativo que tendrá sobre el paisaje. Su paisaje.

La futura planta se planea sobre suelo rústico, de ahí la publicación del expediente con el que se solicita la autorización urbanística. Es el paso previo a la aceptación de la iniciativa por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu).

De forma paralela, el proyecto continúa los trámites para obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI). En última instancia, una vez cuente con el parabién de los diferentes organismos del Gobierno regional, la empresa deberá solicitar licencia de obra al Ayuntamiento de Hazas de Cesto, cuyo alcalde, Enrique Lastra, ya se ha mostrado a favor de la polémica planta. En torno a la iniciativa se hace cada vez más fuerte un movimiento ciudadano en contra de la macroplanta por el impacto negativo que una instalación de estas características tendría sobre el territorio.

Así lo explican desde Stop Macroplanta de Purines, que ha presentado más de 7.000 firmas en contra del proyecto. Entre sus argumentos, defienden que la instalación ubicada en una zona «plenamente habitada, con una actividad turística consolidada y junto al nacimiento del río Pontones», es rechazable porque «afectará a los ecosistemas sensibles protegidos, así como al complejo de la cueva de La Garma, entre otros». En la plataforma están convencidos de que «acabaría con la estructura social y el patrimonio natural que existe en Trasmiera, además de que influiría muy negativamente en la economía, el medio ambiente y la salud de la población».