Desde el PP de Riotuerto se criticaba esta semana la gestión del alcalde, el regionalista Alfredo Madrazo y la primer teniente de alcalde, Cecilia García, en todo este asunto porque, entre otros perjuicios, el Ayuntamiento ha estado «dos años» sin el servicio que necesitaban los usuarios del mismo; las trabajadoras «en la calle, en juicios y olvidadas» por el Consistorio y además habrá que pagar a la empresa. «Ahora mismo el Ayuntamiento solo tiene dos salidas, una presentar un último recurso ante el Tribunal Supremo, y otra pagar lo que la empresa Carflor reclama que son 70.000 euros», calculó el portavoz popular, Ángel Cuadrado.
Desde el PP se argumenta que recurrir el proceso, como anunció esta semana el equipo de Gobierno, será complicado y vendrá a sumar otro coste añadido a las arcas municipales, junto a lo que ya se ha perdido en concepto de costas de los otros dos litigios perdidos. «En el tema del recurso tenemos que decir que el 92% son desestimados por el Supremo, sin ni siquiera estudiarlos porque ya viene precedido por otras dos sentencias iguales a favor de la empresa», interpreta Cuadrado, tras la consulta realizada a distintos juristas, según explica.
«Hemos estado dos años sin el servicio y las trabajadoras en la calle y olvidadas»
«En definitiva magnífica gestión», resume el popular que pide al equipo de Gobierno regionalista «una reflexión» de todo lo que ha pasado, esta vez sin «echar la culpa al PP» de ello.
Daño a la imagen empresarial
Por otro lado, la empresa Carflor valoraba este lunes positivamente el fallo del TSJC que rechazó el recurso planteado por el Ayuntamiento, ratificando una sentencia anterior que anulaba cualquier vinculación contractual con Riotuerto.
Cabe recordar que Carflor acusó al Consistorio de «urdir un engaño» para endosarles el servicio, modificando unilateralmente las condiciones de la oferta que realizó la empresa para hacerse cargo del mismo haciénlola pasar por un acuerdo, junto a la contratación de las auxiliares. Estas últimas estuvieron meses sin cobrar, luego fueron readmitidas por sentencia y estuvieron «meses sin trabajar pero cobrando» de la empresa, mientras se dirimía donde desarrollaban su labor, para más tarde ser reasignadas a otro municipio limítrofe.
«Han vendido la imagen de que la empresa engañaba al pueblo y el juez dice lo contrario»
Dos sentencias les dan ahora la razón y, a su juicio, demuestran que fue el Ayuntamiento quien mintió y aseguran que eso «ha dañado» su imagen frente a otros Consistorios donde han concurrido para prestar sus servicios. «Hasta ahora nos han vendido una imagen de que la empresa engañaba al pueblo y los tribunales dicen lo contrario, que los engañados somos nosotros», explicó un responsable de Carflor a éste periódico. «Han perdido el recurso y las consecuencias de su mala gestión han sido que las auxiliares estuvieron meses sin cobrar, luego cobrando sin trabajar, luego los usuarios sin servicio y la responsabilidad patrimonial recae sobre el Ayuntamiento», enumeraron.
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