La contratación de parados por el Ayuntamiento de Santander está en la cuerda floja

El proyecto (financiado en su mayor parte por la Unión Europea) se ejecutó durante 16 años sin problemas hasta 2017, ejercicio en el que Comisiones Obreras denunció la fórmula utilizada por el Ayuntamiento. Tras la investigación que se realizó, se demostró que el Consistorio usaba a Santurbán de forma irregular: firmaba los contratos a los parados bajo el paraguas de su convenio colectivo de empresa y luego repartía a los trabajadores por los departamentos del Ayuntamiento donde hacía falta personal, ya fuera una biblioteca o cualquiera de los talleres municipales.

El sindicato criticó que estos empleados temporales hacían labores propias de los funcionarios pero se les pagaba menos de lo que les hubiera correspondido. Tanto la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (del entonces Gobierno de Rajoy) como la Dirección General de Trabajo del Ejecutivo regional (PRC-PSOE) calificaron la práctica de «cesión ilegal de trabajadores».

Esto le supuso al municipio una doble sanción: al Ayuntamiento le cayeron 6.200 euros y a Santurbán la misma cantidad, además del público tirón de orejas a la concejala de Economía, Hacienda y Empleo de Santander, Ana González Pescador, responsable del programa en calidad de consejera-delegada de Santurbán. A resultas de este proceso, a finales de 2017, 131 parados se quedaron sin recibir la llamada del Ayuntamiento para trabajar.

El Ayuntamiento, que suele tener en marcha la primera fase de Corporaciones Locales en verano, este año no ha movido ficha. Desde su seno se lleva meses advirtiendo que su parte del programa no se puede ejecutar porque carece de «seguridad jurídica» para hacerlo y no se quiere arriesgar a una nueva denuncia sindical. Es más, González Pescador desveló hace un par de meses que había pedido «colaboración» al Gobierno de Miguel Ángel Revilla.

El Consistorio, argumenta la edil, no emplea de forma directa -como hacen muchos otros más pequeños- porque le falta capacidad para gestionar decenas de contratos, de ahí que históricamente haya recurrido a su empresa pública, que es la que presenta los proyectos a la Administración regional. «Si no nos ponen las cosas un poco más fáciles veo muy difícil que podamos contratar», reconoció. La respuesta del Ejecutivo regional, que llega por vía del director del Servicio Cántabro de Empleo (SCE), José Manuel Callejo, es tajante: «Las condiciones de la orden (que regula la convocatoria) se conocen desde siempre y las reglas del juego no se pueden cambiar porque ya se está desarrollando en otros municipios. No puede haber unas condiciones para unos y otras distintas para otros. Los requisitos están fijados en la base».

Callejo confirmó, por otro lado, la información difundida por Pedro Casares hace casi un mes. El portavoz municipal socialista acusó al Ayuntamiento de haber perdido ya 378.000 euros para emplear a 38 jóvenes menores de 30 años dentro de la línea de Garantía Juvenil del programa general de Corporaciones Locales, extremo que fue negado enseguida por la alcaldesa Gema Igual, quien dijo que el Ayuntamiento había elevado una consulta al Servicio Cántabro de Empleo y aún estaba esperando una respuesta.

Pero el director del SCE señaló que el Consistorio tendrá que proceder a lo que se denomina un «reintegro obligado a la Administración», es decir, a devolver los 378.000 euros que le habían adelantado las arcas regionales. «Es cierto que Santander hizo una consulta, pero se refiere a cuestiones que no están en la orden», expuso hace varios días. A Callejo no le consta, además, que ningún otro ayuntamiento cántabro esté teniendo problemas con este programa, como ha señalado en repetidas ocasiones González Pescador. «Ninguno la ha tenido con la línea de Garantía Juvenil» que la capital ya no podrá ejecutar este año. El tiempo corre ya en contra de los desempleados de Santander. Este programa tiene los plazos muy tasados y, si en este mes de noviembre no hay movimientos, no será posible contratar por el máximo (seis meses) puesto que la relación laboral tienen una fecha fija de finalización: el 31 de mayo de 2019.