29 inmuebles derribados en Santander en los últimos cinco años

En la lista del histórico de los últimos años, remitida por el Consistorio, está también incluido el derribo de un edificio situado en Marqués de la Ensenada que se acometió por convenio entre el Puerto de Santander y el Ayuntamiento de la ciudad. Una zona donde se hicieron obras de renovación y ampliación del parque, en los terrenos liberados tras derribar el antiguo restaurante 'El Vivero', en el Barrio Pesquero.

Uno de los últimos edificios en añadirse a ese documento bajo la etiqueta de «ruina inminente» se encuentra en el número 72 de la calle Camarreal, en Peñacastillo. En este caso el Consistorio también ordenó a sus propietarios la demolición del inmueble, ya que no contaba con la resistencia estructural necesaria para garantizar su estabilidad y existía riesgo de que se derrumbara. No obstante, al menos por ahora y según los últimos datos -que no incluyen el 2022-, éste es uno de esos seis edificios que todavía se mantiene en pie y cuya ejecución continúa pendiente.

Ocurre que la incoación del expediente no significa la demolición inmediata del edificio en cuestión. Únicamente es el primer paso de un proceso que puede dilatarse en el tiempo. Un ejemplo. En 2018 se declaró en ruina una edificación situada en la calleja El Castro, en Peñacastillo, por su mal estado generalizado, el colapso de los faldones de la cubierta y el riesgo de que se desprendiera también la chimenea. No obstante, a pesar de la urgencia, no se derribó hasta octubre del 2019.

Otro dato que se puede extraer del histórico de expedientes referente a los últimos cinco años, es que 2018 fue el periodo con más inmuebles que amenazaban con ruina. En concreto ese año se incoaron 13 expedientes, de los cuales doce ya han sido derribados. En pie únicamente queda uno situado en el número 95 de la calle Adarzo. Justo en esa zona es donde se concentran la mayoría de edificios incluidos en el listado de ruinosos de esos mismos doce meses. Allí se han tirado hasta cinco edificios. Cuatro en 2018 y uno de un año antes cuya demolición corrió a cargo de los propietarios del mismo.

La declaración de los edificios en ruina la regula la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Así, cuando alguna construcción -o parte de ella- se encuentra en un estado ruinoso puede declararlo el Ayuntamiento de oficio o a instancia de cualquier interesado. No obstante, la declaración del «estado ruinoso» de los inmuebles se hace tras la labor de inspección del Ayuntamiento para identificar los edificios. Pero no siempre se produce.

En el número 17 de Reina Victoria fueron los propios vecinos quienes alertaron de la situación del inmueble con carteles en las ventanas que aseguraban que el edificio «amenaza ruina». Aunque no era una opinión compartida porque otros, por el contrario, se negaban a vender su casa. Ante ese conflicto vecinal, en agosto del año pasado el Ayuntamiento tomó partido y declaró que el edificio no estaba en ruina económica. Y es que el aspecto económico es, según la normativa, uno de los motivos por los que puede considerarse la ruina de una edificación. En este caso se declara como tal si el coste de las actuaciones para restaurar la construcción es superior al 50% del valor del edificio (sin tener en cuenta el terreno).

Por otro lado se encuentra la que los técnicos denomina como «ruina física». Es decir, cuando el edificio presenta un agotamiento de sus elementos estructurales o fundamentales y por tanto no basta con reparaciones en una extensión superior a un tercio de la totalidad de la superficie. Y, por último, se cuelga el cartel de ruina si urge la realización de obras que no pueden ser autorizadas porque -por el motivo que sea- el edificio se encuentra en situación de fuera de ordenación hasta que, pasados los años, llegue el fin de su vida útil. De este modo, este tercer escalón no se traduce en la demolición.