Un año y medio de cárcel para el policía local de Santander que falsificó un documento para evitar una multa de 200 euros
«Lo que daña con este delito es la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, como reflejo verdadero de lo que contienen, expresan o prueban», apunta la Audiencia Provincial
La Audiencia Provincial ha condenado a un año y medio de cárcel y otro año de inhabilitación para ejercer su cargo, además de una multa ... de 780 euros, al policía local de Santander acusado de falsificar un documento para evitar una multa de 200 euros por tener mal estacionado su vehículo.
Durante el juicio que se celebró el 17 de junio, el agente reconoció los hechos, motivo por el que el fiscal redujo su petición de pena de tres a dos años de cárcel y de 1.440 a 960 euros de multa. «Me pueden juzgar por imbécil, pero sé que no he hecho daño a nadie. No entiendo cómo he podido hacer algo tan estúpido y simple. No tiene lógica», declaró.
Ahora, en su sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Sección Tercera, que tilda de «burda» la falsificación del agente, recoge como hechos probados que el 16 de mayo de 2019, el acusado fue sancionado administrativamente por la Policía Local de Santander al haber dejado estacionado su coche sobre la acera, «con infracción de las normas de tráfico».
Percatado de la sanción impuesta, el acusado, «aprovechando su profesión de agente de la Policía Local de Santander», presentó un pliego de descargo ante el Ayuntamiento de Santander con la intención de que se le retirase la sanción impuesta, diciendo que su coche se había averiado y que por ello se encontraba sobre la acera. Para ello cogió papel oficial de la Policía Local de Santander, al que tenía acceso como agente en ejercicio que era, y confeccionó un documento, y sellado con el tampón oficial de la Policía Local de Santander, en el que, «de forma mendaz», plasmó, entre otras cosas, la firma de un compañero, «que no intervino en los hechos».
Descubierta en el ámbito administrativo la «superchería», el acusado reconoció desde el primer momento la falsedad del documento y su autoría, antes de que se iniciara la causa penal. «Lo que daña con este delito es la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos, como reflejo verdadero de lo que contienen, expresan o prueban», apunta el tribunal.
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