El Gobierno retendrá a Cataluña de la financiación autonómica el coste de la educación en castellano

Clase en catalán en un colegio de Barcelona./
Clase en catalán en un colegio de Barcelona.

La medida busca garantizar el derecho a estudiar en castellano a las familias que lo soliciten donde no haya oferta pública, como recoge la Lomce

E. PRESSmadrid

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, deducirá o retendrá de la financiación autonómica a las comunidades con lengua cooficial la matrícula, escolarización, transporte, comedor e internado de los alumnos que quieran optar el curso que viene 2014-2015 a una enseñanza en la que el castellano sea lengua vehicular, si no se garantizan plazas públicas suficientes.

Wert niega un «abuso de poder»

cataluña recurrirá el decreto

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se ha mostrado "convencido" de que "no existe ningún tipo de abuso de poder" en el decreto aprobado este viernes.

En él, se establece que el Ministerio de Hacienda deducirá o retendrá de la financiación autonómica el coste de escolarización en un centro privado a las comunidades autónomas que no cumplan con este principio constitucional. Para el Gobierno de Cataluña, comunidad a la que principalmente va dirigido este decreto, es una "multa al catalán" y ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

"Estoy convencido de que no existe ningún tipo de abuso de poder porque se sigue escrupulosamente la doctrina constitucional, en cuanto al hecho de que la programación educativa es competencia de las administraciones educativas, como de que exige de que exista una oferta sostenida con fondos públicos que tenga el castellano como lengua vehicular. No hay confiscación competencial alguna, pero naturalmente cualquier comunidad autónoma puede recurrirlo. El Gobierno está muy tranquilo", ha aseverado el titular de Educación.

Así lo establece el decreto, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, que desarrolla la disposición adicional 38ª de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), denominada 'Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal'.

Aunque esta disposición regula la obligación por parte de todas las administraciones educativas con lengua cooficial de garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, se dirige principalmente a Cataluña, donde se han dado a conocer algunos casos de familias que, queriendo estudiar en castellano en la red pública, se han encontrado con que no había oferta suficiente.

Según el texto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de este alumnado en centros privados en los que exista dicha oferta, que repercutirán a dicha administración educativa.

El procedimiento será iniciado por las familias e instruido por la Alta Inspección de Educación y en él deberá darse audiencia a la administración educativa afectada. Los beneficiarios son los alumnos que cursen educación obligatoria -hasta los 16 años- con un límite del gasto medio por alumno público en enseñanza no universitaria que actualmente es de 6.057 euros.

El decreto establece que la revocación del derecho a la compensación se producirá cuando la comunidad autónoma en cuestión garantice que el alumno recibe enseñanza en castellano, dentro del marco de su programación educativa.