El Congreso comenzará a tramitar la nueva ley de educación en enero

Isabel Celaá, ministra de Educación./EFE
Isabel Celaá, ministra de Educación. / EFE

La propuesta del Ejecutivo elimina las reválidas, facilita el paso de curso y plantea tutores de refuerzo para los alumnos repetidores

Álvaro Soto
ÁLVARO SOTOMadrid

La nueva ley de educación del Gobierno socialista no tardará en iniciar su tramitación. Según anunció este viernes la ministra de Educación, Isabel Celaá, el Congreso de los Diputados comenzará a debatir en enero una norma que en la práctica supone la derogación de la Lomce, pero que el Ejecutivo plantea simplemente como una mejora de la polémica ley impulsada en 2013 por José Ignacio Wert.

«Es una cuestión urgente para este Gobierno abordar de forma inmediata la modificación de los aspectos más segregadores y negativos de la Lomce, los que estaban causando mayores daños a nuestro sistema educativo», aseguró Celaá, que tendrá que buscar el apoyo en el Parlamento de los socios que ayudaron a llegar a Pedro Sánchez al Gobierno, es decir, Podemos y los nacionalistas, un apoyo que, de acuerdo a los últimos acontecimientos, se prevé difícil.

El anteproyecto pone el foco en el «objetivo de la equidad», insistió la ministra, y por ello la nueva ley prevé una rebaja en la exigencia. Por ejemplo, el Bachillerato, que mantendrá los dos años de duración, será más flexible y los alumnos que hayan finalizado el primer curso con más de dos asignaturas suspendidas no tendrán que repetir curso, sino sólo las asignaturas pendientes. También se prevé que se pueda obtener el título de Bachillerato con una asignatura suspensa, aunque esto sólo ocurrirá en casos excepcionales, y para el acceso a la universidad se deberá superar una prueba académica que se valorará junto a las calificaciones obtenidas en el Bachillerato.

La ministra insistió ayer en la necesidad de que el sistema educativo español reduzca el número de repetidores. Así, repetir será algo «excepcional» y los alumnos que se queden atrás tendrán un plan específico de refuerzo, que puede incluir un tutor que los ayude a superar las asignaturas suspendidas.

La eliminación de la obligación de cursar una materia alternativa a la religión, el fin de la «demanda social», que permitía a los centros concertados aumentar su número de plazas, la inclusión en Primaria de la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, la incorporación de la Filosofía en 2º de Bachillerato o los contenidos básicos del currículo, que diseñará en un 55% el Gobierno, son otras de las novedades de una reforma que se implantará en tres fases y que culminaría en el curso 2021-2022. Siempre, claro, que salga adelante del trámite parlamentario, y que, en caso de un cambio de Gobierno tras las elecciones, se mantenga, algo que sería poco probable porque tanto PP como Ciudadanos se han opuesto a la norma.

Y es que la propuesta del Ejecutivo parte con el mismo pecado original que otros muchos intentos de aprobar una ley educativa en España: la falta de consenso. El PP critica la norma porque «busca la mediocridad en lugar de la excelencia». «Desde el Gobierno del PP estuvimos un año y medio trabajando para conseguir un pacto por la educación y lamentamos que la ministra Celaá haya tirado por tierra este trabajo», declaró ayer la portavoz adjunta del PP en el Congreso Belén Hoyo, recordando que hace un año, cuando gobernaban los populares, el PSOE abandonó la comisión del pacto educativo.

También la comunidad educativa y los sindicatos han recibido con escepticismo la nueva propuesta de ley educativa. Reclaman una participación real de los profesores en todo el proceso y critican los largos plazos a los que se ve abocada la reforma y la carencia de un consenso más amplio que garantice una ley duradera en el tiempo.