Investigan a tres trabajadoras de un colegio de Madrid por malos tratos a un menor autista

Fachada del colegio Santiago Ramón y Cajal de Getafe. /Maps
Fachada del colegio Santiago Ramón y Cajal de Getafe. / Maps

Alertados por el «cambio brusco» de actitud, los padres lo enviaron al centro de Educación Especial con una grabadora y captaron a los responsables riéndose y amenazando al niño

EUROPA PRESSMadrid

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getafe está investigando a tres trabajadoras del colegio público de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe por un presunto delito de acoso y trato degradante así como uno de lesiones psicológicas a un escolar de 8 años con un trastorno de autismo.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han detallado que el juez ya ha llamado a declarar en calidad de investigadas a la tutora del menor, a otra profesora de apoyo y a una auxiliar de enfermería del centro tras la denuncia presentada por los padres el pasado 10 de enero, como ha adelantado la Cadena Ser.

Además, ha tomado declaración en calidad de testigos a otras tres personas más, como la directora del centro y la jefa de estudios, y tiene sobre la mesa la solicitud de más testificales que ha solicitado la defensa, como la de los monitores que cuidaban el patio y el comedor, han explicado las mismas fuentes.

Según la denuncia penal, los padres empezaron a notar un «cambio brusco» en el comportamiento de su hijo, que estaba siendo tratado con seguimiento por parte de un médico psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón. El niño presentaba crisis de ansiedad y gritaba reiteradamente frases como «no me pinches» o «no me saques fuera».

Esta ansiedad y los trastornos de conducta, según consta en la denuncia, «no parecía obedecer a una causa cierta» y pese a que, como señalan los padres, comunicaron la situación al colegio, en el cuaderno de comunicación diaria no había nunca referencia a lo vivido por el menor en el aula.

Ante esto y movidos «por la angustia y la profunda preocupación» que tenían, decidieron colocarle un pequeño dispositivo localizador/grabador en su ropa con el fin de detectar quién o qué le estaba causando esos daños, y así lo hicieron durante cuatro días en noviembre. Tras escuchar las grabaciones, comprobaron que los profesores se dirigen a él continuamente «en tono desafiante, amenazador, despectivo, degradante y muchas veces jocoso, que le estaba ocasionando las alteraciones de conducta, al no poder canalizarlas un niño autista de otro modo».

En dichas grabaciones, se escucha a una trabajadora, en tono alterado, que no deja levantarse al niño porque no ha terminado o al menor diciendo que va a estar bien, o que le suelte porque le «da miedo». «No me asustes», llega a decir el niño, mientras la trabajadora le dice «que te aguante tu tía».

También se escucha a la profesor o monitor riéndose de él por su forma de hablar o amenazando con pincharle en el culo si se porta mal o con echarle agua encima. También le llegan a decir que es «más vago que la chaqueta de un guardia» o se burlan de él diciéndole que es «muy listo».

Las grabaciones fueron puestas en conocimiento del juez, que junto a la Fiscalía procedió a convalidarlas y en el marco de las diligencias abiertas, comenzó a realizar los interrogatorios en la causa, que permanece abierta.

Cambio de colegio

Desde la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid han explicado que el caso responde a un menor de 8 años con autismo que se encontraba en este centro y del que tuvieron conocimiento el pasado mes de noviembre, cuando los profesores estaban cambiando de ropa al alumno y se encontraron con que llevaba un dispositivo de grabación.

Al preguntar a los padres, éstos explicaron, según Educación, que se trataba de un GPS para tener localizado al pequeño en caso de pérdida y que después de este descubrimiento, el menor no volvió a acudir al centro. Un mes más tarde, la familia denunció a la dirección del propio centro que su hijo podría haber sufrido malos tratos y vejaciones por parte de algunos trabajadores del centro.

La dirección del centro, tras tener conocimiento de esta denuncia, lo elevó a la Consejería, que trabajó en dos vías: la inspección educativa y la Unidad de Acoso Escolar, recientemente creada para este tipo de casos. Comenzaron a trabajar en este sentido, y de forma paralela llegó la denuncia ante el juez.

El mismo juez pidió que se le cambiara de colegio al menor, solicitud a la que accedió Educación inmediatamente, como han señalado, pues se pusieron a disposición de la autoridad judicial desde el principio, según han explicado las mismas fuentes. De hecho, aseguran que la inspección educativa acompañó a los padres a varios centros para que eligieran el más adecuado para su hijo.

Finalmente, se procedió al cambio de colegio -el menor está escolarizado en otro centro desde entonces-, mientras que la vía judicial permanece abierta. Desde la Consejería no se ha procedido todavía a actuar por la vía administrativa contra las trabajadoras investigadas.

Desde el Ayuntamiento de Getafe han explicado que no tenían conocimiento del caso y que tras enterarse, han contactado con la Consejería de Educación, la DAT Sur y la dirección del centro, donde le han explicado que se abrió una investigación y se puso en marcha el protocolo contra el acoso.

Expediente a los padres

La denuncia también recoge las reacciones del colegio de educación especial posteriores a las conversaciones grabadas. En concreto, tras detectar el dispositivo, los padres explican que no recibieron ninguna llamada del centro para interesarse por el estado de salud del menor y que sí recibieron una comunicación oficial del 14 de noviembre donde se les notifica la apertura de un expediente disciplinario, donde se les cita a ellos y se pretende tomar declaración al menor.

Los padres escribieron una carta pidiendo una reunión con la directora y cuando acudieron se encontraron con una trabajadora social y la tutora, que les afeó qué el menor no estaba yendo a clase y que iban a tener que activar el protocolo de absentismo escolar.

Más tarde y después de contradicciones sobre la situación del menor, los padres se dirigen tanto a la directora del centro como al Servicio de Inspección Educativa del Área Territorial Madrid-Sur. A la primera le justificaron la ausencia de su hijo a clase y explicaron que las recomendaciones médicas apuntaban a que no fuera al centro escolar durante el periodo de evaluación. También le preguntaban cuál era el procedimiento para actuar en casos como este.

En el caso de la carta dirigida al director del Servicio de Inspección, comunicaban el caso al mismo, destacando que acudían a él por la reacción del centro, que «sorprendentemente» había obviado la parte que afectaba al menor y les había abierto un expediente disciplinario a los padres.

Recibieron respuesta de la carta de la directora, que les citó para una reunión en enero. El mismo día en el que estaban convocados fue cuando presentaron la denuncia «ante las sospechas fundadas de que las alteraciones bruscas de comportamiento de su hijo, los temores y las frases que repetía obedecían a un acoso y ostigamiento en las aulas».

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