PSOE y Podemos avisan al PP de que con su oferta de financiación no habrá pacto educativo

Varios alumnos en una aula./
Varios alumnos en una aula.

Los populares proponen que el gasto escolar mejore un mínimo de 5.000 millones hasta 2025, a un ritmo aproximado de 700 millones más cada año

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

Las negociaciones en busca de un pacto educativo se han enquistado en uno de los puntos centrales, el del dinero. Tanto PSOE como Unidos Podemos consideran que la propuesta de financiación que el PP y el Gobierno han puesto hoy sobre la mesa es «claramente insuficiente» para revertir los recortes que la educación sufre desde el comienzo de la crisis y para aplicar las mejoras que debe incorporar el acuerdo. Por ello, avisaron a los populares de que si no mejoran sustancialmente su oferta de inversión el pacto educativo será imposible.

Sandra Moneo, la portavoz del PP en las negociaciones, llevó hoy por primera vez a la mesa una oferta de suelo de gasto educativo para los próximos años, de inversión mínima garantizada para financiar el sistema. Se compromete a aumentar los fondos para sufragar la educación no universitaria en 5.000 millones hasta 2025, a un ritmo de algo más de 700 millones en cada uno de los siete años. Con ese esfuerzo, dijo, se revertiría el recorte de financiación sufrido por colegios e institutos desde 2009 (el punto más alto de la inversión educativa), desde cuando el gasto ha bajado en algo menos de 4.000 millones.

Moneo hizo, además, dos puntualizaciones. Esos 5.000 millones solo serían el punto de partida de la financiación que comprometiese el hipotético pacto educativo, pues los populares añadirían las partidas precisas para asegurar la implantación de todas las medidas acordadas. Y la segunda, el pacto debe complementarse con un acuerdo entre Estado y comunidades autónomas por el que las últimas se comprometerían a destinar al gasto educativo y a las medidas del acuerdo al menos un tercio de toda su futura financiación.

La propuesta de suelo de financiación del PP, según sus propios cálculos, garantizaría que dentro de siete años se destinaría a la educación no universitaria en España al menos lo mismo que se dedicaba 16 años antes. Sería el mismo dinero de 2009, pero no el mismo esfuerzo inversor de las instituciones. Hace nueve años el gasto educativo suponía el 5% del PIB español, pero en 2025 sería un porcentaje bastante más bajo.

Los socialistas piden el doble

Prueba de ello es que el PSOE lo que reclama como suelo en estas negociaciones es que el gasto educativo en 2025 vuelva a ser al menos el 5% del PIB, para aproximarse a la media de la UE. Los cálculos realizados por su portavoz, Mari Luz Martínez Seijo, indican que, para que sea posible su demanda mínima, la inversión educativa tendría que aumentar en España en algo más de 10.000 millones en estos siete años, a un ritmo de unos 1.500 millones año. Es decir, pide justo el doble de lo que ofrece el PP.

En el caso de Unidos Podemos la oferta popular aún se queda más corta. Su reclamación mínima, que coincide con la de los padres, alumnos y profesores de la 'Marea verde', es que, tras el hipotético pacto, el suelo del gasto educativo alcance el 5% del PIB en 2020, que llegue al 6% en 2022 y que se aproxime al 7% en 2024. Su portavoz, Javier Sánchez, indicó que si no es posible llegar a un acuerdo de financiación en la subcomisión del Congreso que negocia el pacto «tendremos que preguntarnos qué estamos haciendo aquí, si las subcomisión está sirviendo para algo o solo para que el Gobierno gane tiempo para seguir aplicando la Lomce».

Ciudadanos considera que este debate de grandes cifras ahora es «humo», pues solo se sabrá cuánto dinero hace falta para financiar el pacto cuando se conozca qué medidas se han acordado tomar para mejorar la educación española y cuánto cuesta aplicarlas. Y eso solo se sabrá al final, si se consigue el acuerdo. Por eso, su portavoz, Marta Martín, considera que lo único importante es que cuando se cuantifique lo que cuesta todo exista el compromiso claro y detallado del Gobierno y de las comunidades de asumir ese gasto y de garantizar una inversión mínima por puesto escolar que termine con las diferencias por autonomías.

 

Fotos

Vídeos