Los rectores alertan de que la obligación de cotizar por los becarios reducirá las prácticas

Fachada principal de la Universidad de Salamanca/El Norte
Fachada principal de la Universidad de Salamanca / El Norte

Exigen al Gobierno que negocie la medida para que solo se pague en la formación voluntaria remunerada y nunca por la obligada en las carreras

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

Los rectores de todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, pusieron hoy el grito en el cielo tras enterarse por el Boletín Oficial del Estado de que, a partir de ahora, todos los estudiantes que realicen prácticas externas en empresas o entidades de cualquier tipo deberán ser dados de alta en la Seguridad Social y habrá que pagar por ellos las correspondientes cotizaciones sociales.

Los responsables de los centros de educación superior, agrupados en CRUE Universidades, advirtieron al Gobierno de que está medida, en la que el Ejecutivo no ha distinguido entre prácticas voluntarias u obligatorias para poder superar los estudios, o entre becarios con o sin remuneración por su trabajo formativo externo, puede provocar una reducción significativa de la oferta de prácticas en España, con el correspondiente daño a los alumnos, y crear un problema económico y de gestión «difícilmente asumible» para los centros docentes que, recuerdan, ya arrastran un «déficit estructural de financiación» muy alto debido a los recortes presupuestarios acumulados durante la crisis y aún no rectificados .

Los rectores, que no ocultan su «malestar» con el Gobierno por adoptar este medida «de forma sorpresiva y sin consulta previa a las universidades», le emplazan de manera oficial a abrir de inmediato una mesa de negociación en la que pactar el desarrollo normativo de este decreto y en la que acordar una serie de medidas que minimicen los daños a alumnos e instituciones.

El cambio legal, que se publicó en el BOE el 29 de diciembre, está recogido en la disposición adicional quinta del real decreto-ley aprobado un día antes por el Consejo de Ministros para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

La norma establece un cambio radical en las prácticas académicas externas de todos los estudiantes de grado, máster y formación profesional media y superior. Indica que todos los becarios, sin distinción, deberán ser dados de alta en la Seguridad Social y se deberá cotizar por ellos. Hasta ahora, solo era obligado dar de alta a los becarios que realizaban prácticas remuneradas y solo se debían pagar cotizaciones por los estudiantes que realizasen esta formación de manera voluntaria. Los becarios que cobraban, pero que realizaban unas prácticas curriculares, obligadas para poder superar sus estudios, por tratarse de una asignatura más, estaban exentos de pago, al estar la cotización bonificada al 100%.

Demandas

Los rectores solo se congratulan por una disposición del decreto, que consideran que es beneficiosa para los alumnos y entienden que hay que mantener, como es que todo el tiempo de las prácticas les compute a todos como periodo cotizado a la Seguridad Social. Por lo demás, emplazan al Gobierno a una negociación en la que pacten al menos cuatro modificaciones o adaptaciones antes de aplicar la norma.

La primera es una clara distinción en la regulación entre las prácticas curriculares, las impuestas por los planes de estudios, y las voluntarias. Creen que las primeras nunca deben suponer el abono de cotizaciones para no limitar la oferta de plazas indispensable para la formación. De hecho, su segunda petición es que se mantenga la bonificación del 100% de las cotizaciones existente hasta ahora para los becarios que realizan formación externa obligatoria y remunerada y que esta exención se haga extensiva a todas las prácticas no remuneradas, sean curriculares o extracurriculares. En resumen, que solo se cotice en la práctica, como hasta ahora, por quienes cobren por sus prácticas opcionales.

Las otras demandas piden un sistema simplificado y automatizado para las altas de los becarios con cotizaciones bonificadas, para reducir costes de gestión, y la incorporación urgente de personal experto en gestión laboral a las universidades para poder adaptarse al decreto.