Un año para el cuidador que abusó de un joven con discapacidad mental

"Después de cinco años de pelea, estamos cansados y nos sentimos defraudados con la justicia", dice el padre desconsolado, que no recurrirá la sentencia

C. DE LA PEÑA

Llevan cinco años peleando en los tribunales para conseguir que el cuidador que abusó sexualmente de su hijo con discapacidad mental fuera inhabilitado de por vida para ejercer esa profesión. Lejos de alcanzar ese propósito, los padres de la víctima han recibido de la justicia una respuesta muy distinta. La última sentencia dictada sobre el caso reduce a un año de prisión la condena al cuidador, por lo que ni siquiera entrará en la cárcel, y solo será inhabilitado como cuidador durante el tiempo de condena. Se da la circunstancia de que el reo cuenta con antecedentes penales por hechos similares aunque no son computables a efectos de reincidencia en este caso.

antecedentes del caso

El desánimo es tal en José Manuel D., el padre del joven, que tenía 27 años cuando ocurrieron los hechos, que no recurrirá la sentencia. «Llevamos cinco años peleando y estamos cansados. Ha sido muy duro. Queríamos impedir que pudiera seguir trabajando como cuidador y hemos visto que es imposible», lamenta impotente el padre, trabajador del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Torrelavega. Después de un lustro de lucha judicial, José Manuel se siente «defraudado con la justicia, porque cualquiera, por algo menos grave, entra en la cárcel o al menos ha sido arrestado, y este señor no va recibir ni lo uno lo otro».

Estupor colectivo por los hechos y por la condena

Al estupor que causó el caso entre los vecinos de Torrelavega, por lo escabroso de la agresión, siguió tres años después la sorpresa colectiva por una condena, dos años de prisión entonces, que creyeron insuficiente. Entonces el padre del chico llegó a pedir a la dirección del centro, el colegio especial Fernando Arce, de la Fundación Asilo, que el condenado no volviera a su puesto de trabajo, una vez cumplidos esos dos años de cárcel, que ahora se han quedado en uno. Y lo pidió en una carta pública, en la que acusó al colegio de «encubrir lo ocurrido por todos los medios» y de «prestar protección permanente» al cuidador». El cansancio de la familia es evidente, tras el fracaso de sus pretensiones.

Se da la circunstancia de que el tiempo transcurrido entre los hechos, que ocurrieron en 2010, y la condena, ha operado en favor del reo. Esa dilación, atribuible a la propia justicia, ha servido para reducir al máximo la pena, que ha quedado establecida en un año de cárcel y una indemnización de 3.000 euros en favor de la víctima, de la que se hará cargo la Fundación Asilo, el centro donde se produjo el abuso, en caso de impago por parte del condenado.

El Juzgado de lo Penal número 4 considera probado que Alfonso G. L. V., cuidador asistencial del colegio de educación especial Fernando Arce, de Torrelavega, masturbó a un interno del centro con discapacidad mental severa. El hecho en sí merecería una condena superior, pero la juez ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas en su grado máximo por tratarse de hechos ocurridos en 2010.

El caso ha tenido una deriva judicial compleja hasta llegar a esta sentencia. La causa estuvo tres años en el juzgado de instrucción hasta que en septiembre de 2013 se celebró el juicio y se dictó la primera sentencia. En este caso, el Juzgado de lo Penal número 1 condenó al cuidador a dos años de cárcel, durante los cuales se le inhabilitaba para el ejercicio profesional y también para cargo público (fue vocal de la Ejecutiva del PP en Torrelavega).

A los padres les pareció insuficiente esta condena, porque su objetivo, antes y ahora, no era otro que conseguir que el asistente social no volviera a las aulas. Y la recurrieron a la Audiencia Provincial. Sin embargo, el tribunal vio defectos de forma y ordenó repetir el juicio.

Eso provocó que acusado y testigos tuvieran que comparecer de nuevo en una vista oral. En esta ocasión el caso fue enjuiciado por el Juzgado de lo Penal número 4. Durante el proceso, el Ministerio Fiscal solicitó una pena de 25 meses de prisión con la consiguiente inhabilitación, en tanto que el abogado de la familia, que ejerció la acusación particular, pidió tres años de cárcel. La juez Amaya Merchán considera probado que el acusado llevó a la víctima, que sufre un retraso mental severo, a una zona apartada del patio y allí, movido por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, realizó una felación al chico y después le masturbó. El condenado cesó cuando fue sorprendido por una compañera de trabajo.