El juez confirma las multas a la antigua empresa de limpieza de Torrelavega

En esta ocasión, el juez señala que el Ayuntamiento acordó tres sanciones por infracciones graves, consistentes en el incumplimiento de las horas de prestación semanal de limpieza de las dependencias municipales (oficinas, edificios, instalaciones deportivas...), la instalación de un sistema informatizado de control y la obligación de colocar «un cajetín». El Consistorio también decidió imponer tres multas por infracciones leves, referidas al retraso injustificado superior a cinco días en la presentación de los informes periódicos mensuales, no tener la maquinaria «acertada» y carecer de una dependencia municipal de «productos de limpieza adecuados».

La sentencia aclara que la resolución objeto de recurso por parte de Clece en otro juzgado, hace referencia claramente a «incumplimientos especificados en los centros escolares sobre la base de informes distintos y argumentos materialmente diferentes». «Es decir -añade-, no existe duplicidad». El juez rechaza los argumentos de la demanda y sobre la cuantía de las sanciones indica que no han sido impugnadas y «la compensación con las facturas pendientes es correcta».

La demandante solicitó la declaración de nulidad de la resolución municipal. Alegó que el contrato expiró el 11 de febrero de 2022 y, a pesar de ello, continuó prestando el servicio hasta el 9 de marzo del mismo año a través de lo que constituyó una «prórroga ilícita». Según Clece, la resolución recurrida aplica las penalidades una vez expirado el contrato y finalizada la prestación, lo cual «no es posible».

La empresa añadió que durante el juicio que la auditoría acordada por el Ayuntamiento en 2020, no se notificó a la entonces concesionaria, que, a pesar de ello, atendió los requerimientos recibidos «en el plazo más breve posible». Clece también advirtió de que el Consistorio dictó después otra resolución «imponiendo otras penalidades».

La entidad negó cada uno de los incumplimientos imputados, manifestando que «cumplió el contrato perfectamente». Además, señaló que, en cualquier caso, el Consistorio no la advirtió de los mismos. Finalmente, argumentó que el Ayuntamiento no puede imponer dos penalidades por los mismos hechos «como así ha ocurrido».

Frente a estas pretensiones, el Consistorio alegó que el objeto del pleito no es la resolución referida a los colegios públicos, sino la relativa a la auditoria realizada sobre la limpieza del resto de dependencias municipales. Tras recordar los incumplimientos que dieron lugar a las sanciones, el Ayuntamiento calificó como grave que la contratista «eludiese las obligaciones del pliego después de ser advertida». Tras poner varios ejemplos, el Consistorio remarcó que la empresa «siempre conoció la existencia de los efectos de su conducta y nunca los subsanó, pues se limitó a negarlos».

También puntualizó que el contrato fue prorrogado y que la imposición de penalidades se tramitó íntegramente durante la vigencia del mismo. La única irregularidad que asumió es que el acuerdo plenario le fue notificado a Clece con 10 días de retraso con respecto a lo establecido. Finalmente, el Ayuntamiento indicó que los incumplimientos imputados quedaron «perfectamente acreditados», por lo que «procede aplicar las penalidades en la cuantía en que se ha hecho». El Consistorio informó en febrero del año pasado que había adjudicado el servicio de limpieza a otra empresa (Ilunion).