La delgada línea entre rehabilitación y demolición

El alcalde y parte de su equipo fueron juzgados por permitir el derribo, y posterior reconstrucción, de dos casas antiguas

MARIÑA ÁLVAREZSANTANDER.

«¿Por qué le llaman reforma cuándo quieren decir demolición?». Fue la pregunta 'del millón' en la vista que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, y que sentó en el banquillo al alcalde de Escalante, Pedro José Jado (PRC), a sus concejales de Cultura (María Luisa Setién) y Obras (Pablo Oceja), y al arquitecto municipal, Ricardo Fernández. Están acusados de un presunto delito de prevaricación urbanística por otorgar licencias para rehabilitar dos edificios protegidos a sabiendas de que iban a ser derribados primero. La Fiscalía pide para ellos una condena de ocho años de inhabilitación y multa de 7.200 euros; petición que la acusación particular, ejercida por el PSOE, eleva a 14 años de inhabilitación para cada uno.

El juicio, que duró unas cinco horas, fue también un 'desfile' de expertos para dirimir «si rehabilitar es compatible con demoler», preguntó la fiscal a cada testigo. El alcalde dijo que se tramitaron ambas licencias porque contaba con los informes técnicos favorables, y que no se pidió informe jurídico porque en Escalante, si el interventor no se pronuncia, es que todo va bien.

Reformas y «pastiches»

Las casas de la discordia son -o eran- dos construcciones bastante antiguas. Una del siglo XIX en la calle Montehano y, la otra, con partes del siglo XV, en la calle Mayor. Y las dos estaban incluidas en el Catálogo de Edificios Protegidos de la villa (incorporado en 2006 a las Normas Subsidiarias); pero claro, advirtió el abogado de la defensa, en tal compendio están también otras casas con fachadas de azulejos de colores de dudoso gusto. Se hizo el catálogo, dijo Jado, porque Escalante tiene un casco histórico de estilo montañés que merece la pena proteger. Y en esa delgada línea entre la protección y la destrucción, se concedió licencia para reformar la casa del siglo XIX y dividirla en tres apartamentos turísticos. En la otra, la medieval, se dio permiso para hacer siete viviendas con sus plazas de garaje. «¿Qué se pretende, hacer un nuevo pueblo que imite al original?», preguntaron al regidor, quien contestó que lo que se pretende es mantener «el espíritu de Escalante», que no pasa por prohibir cambiar balconadas decimonónicas aunque estén podridas sino, más bien, tratar de que en todas las construcciones se mantengan los elementos ornamentales que tengan valor. Y así se hizo en estas dos casas. Una se reconstruyó con parte de la piedra de la vieja, y en la otra se añadieron las ventanas y la arcada de la original. El resto, todo nuevo. Para la fiscal, «un pastiche».

El aparejador del Ayuntamiento fue el que en su día impulsó la catalogación de las casas del casco viejo para imponer un estilo arquitectónico. Y lo hizo, dijo, por la «presión» que sufría en su despacho, a donde más de uno acudía «porque quería una casa minimalista».

Para los acusados y sus testigos la demolición previa era necesaria dado el mal estado en el que se encontraban las casas, abandonadas desde hace tiempo. Y el resultado les satisfizo: «estaban a la entrada del pueblo y daba pena verlas», dijo la edil de Cultura.

En la del siglo XIX, hace unos años vivía la señora Casimira, que se marchó por el miedo a que se le cayese encima. Lo dijo su vecina Pilar Odriozola, testigo de la defensa, quien advirtió que medio tejado se vino abajo poco después, la ruina afectó a su propia casa -con la que compartía pared-, y que mantenerla en pie suponía un serio peligro. Pero no hacía falta demolerla, dijo Odriozola, «con empujarla con la mano era suficiente».