El Poder Judicial frena la dimisión del vocal Benítez hasta octubre

El Consejo agradece el «buen trabajo» y «rigor» del consejero que denunció el mercadeo en el nombramiento de altos cargos judiciales

MATEO BALÍNMADRID.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial apagó ayer como pudo el fuego que provocó el vocal José Manuel Gómez Benítez, que el lunes presentó su dimisión de la comisión que elige a los altos cargos judiciales tras denunciar el mercadeo en los nombramientos. Con los rescoldos de la fractura aún humeando, en particular entre los vocales progresistas, el órgano de gobierno de los jueces decidió ayer por mayoría, 16 votos frente a cuatro, rechazar la renuncia de Gómez Benítez, que, contra su voluntad, se mantendrá en su puesto hasta octubre, cuando se renueve el mandato de las distintas comisiones del Consejo del Poder Judicial.

La sesión plenaria de ayer, la más «tensa» en el año y medio de vida del actual Consejo, según fuentes del órgano judicial, se conocerá como la de «la huida hacia delante». Primero, porque ni al protagonista de las denuncias le han permitido marcharse tras sus graves denuncias; segundo, porque los vocales afectados por sus acusaciones -la progresista Margarita Robles y el conservador Manuel Almenar- han podido hacer público su malestar con un breve comunicado como pretendían.

La dimisión de Gómez Benítez se sometió a votación a pesar de que antes de comenzar el debate el presidente del Consejo, Carlos Dívar, y otros vocales intentaron que el implicado retirara su petición, ya que entendían que debía de continuar en la comisión de Calificación por su «demostrada valía» y porque había contribuido a mejorar la política de nombramientos en el Consejo en estos meses.

Gómez Benítez no se dejó atrapar por tales halagos y descartó retirar su propuesta de dimitir, que al final fue votada por la veintena de vocales que componen el pleno. Dívar sólo participa en caso de empate. Sólo cuatro consejeros aceptaron la renuncia, pero el resto prefirió que siguiese en la comisión de Calificación. Si bien el presidente y algún otro vocal mostró en público su pesar porque los asuntos internos de la casa se debatan en los medios de comunicación.

Así, el vocal Gómez Benítez, que pertenece a la cuota de juristas de reconocido prestigio -es catedrático en Derecho Penal- y fue nombrado a propuesta del PSOE, como su compañera Margarita Robles, seguirá en la comisión sólo por orden del pleno del Consejo.

Junto a él seguirán los otros cuatro consejeros a los que el propio implicado también pidió dimitir por estar «contaminados», los progresistas Manuel Torres Vela y Félix Azón, y los conservadores Concepción Espejel y Claro José Fernández.

«Buen trabajo»

Tras el pleno, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, reconoció que los vocales que votaron a favor de que Gómez Benítez continuara «entienden que está haciendo un buen trabajo y que está actuando con mucho rigor», pese a que éste llegó a denunciar que la comisión que elige a los jueces estaba devaluada y sus decisiones las imponían «algunos vocales ajenos (en referencia a Margarita Robles y Manuel Almenar) procedentes de las dos asociaciones más representadas en el Consejo», la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, que se reparten el 75% de los nombramientos de altos cargos judiciales desde que este Consejo echó a andar en septiembre de 2008.

Bravo no desmintió este dato, pero pidió que no se plantease el debate bajo ese prisma numérico. «No todo es blanco o negro. Hay muchos nombramientos a los que sólo se presenta una persona y otras veces la mayor parte de los candidatos pertenece a una u otra asociación. La lectura no es en términos absolutos», señaló, sin entrar en consideraciones sobre el predominio de jueces de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y de la progresista Jueces para la Democracia.

No obstante, la portavoz quiso transmitir el mensaje de que los únicos principios que utiliza el Consejo para nombrar jueces son «el mérito y la capacidad», y que la próxima norma que hará posible que las entrevistas sean públicas es una «decidida apuesta» que va encaminada a mejorar la transparencia del proceso de selección de los candidatos.

Asimismo, Gabriela Bravo reconoció que «los posibles errores, disfunciones u otras cuestiones es mejor que se solucionen en el ámbito de nuestra propias funciones que desde fuera».

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