El Gobierno cesa al presidente del CES tras la larga polémica por el despilfarro

Pablo Coto ha sido acusado de abusar de su cargo gastando dinero público en copas y comidas

IRMA CUESTASANTANDER.
Pablo Coto el día de su toma de posesión. ::                             ANDRÉS FERNÁNDEZ/
Pablo Coto el día de su toma de posesión. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

El consejero de Industria cogió ayer el teléfono a primera hora de la mañana. Llamó al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Pablo Coto, y le contó que el Consejo de Gobierno, que comenzaba en unos minutos, iba a cesarle. Con esa llamada, Juan José Sota trata de cerrar la puerta a meses de polémica. La trayectoria del expresidente del CES, un organismo que está en proceso de renovación desde hace dos años, sólo ha traído problemas al Gobierno, que ayer respiró aliviado en la confianza de que ha apagado un incendio sobre el que la oposición llevaba meses alertando.

El Ejecutivo ha tardado dos años en poner fin al proceso de renovación del Consejo Económico y Social y semanas en tomar medidas después de que el Partido Popular hiciera públicos los libros de cuentas de ese organismo que mostraban el gasto nada despreciable de dinero público en comidas y bebidas.

Ayer, el Gobierno no quiso hacer más declaraciones al respecto que el anuncio del cese, pero no ocultaba su alivio. La salida de Pablo Coto del CES podía haberse retrasado unas semanas, hasta que concluyera el proceso de renovación que el Ejecutivo quiere dejar resuelto en los primeros días de diciembre, pero finalmente no ha querido esperar. Con la decisión de cesar al profesor universitario, trata de distanciarse de su trayectoria y hace saber que Coto no permanecerá en el Consejo por más tiempo por decisión del propio Gobierno. Una decisión que algunos en el propio Ejecutivo, y por su puesto en la oposición, creen que llega demasiado tarde.

Después de lo ocurrido, el Gobierno estaría arbitrando nuevas fórmulas de control del gasto, de forma que la próxima etapa del CES borre cualquier tachón en la hoja de servicios del órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Una labor que quedará en manos del futuro presidente, Javier Gómez Acebo, un abogado que en la actualidad representa a la CEOE en el Orecla (Organismo de Resolución de Conflictos) y que deberá hacer lo posible por que se olvide esta última etapa. Los nuevos consejeros tomarán posesión de su cargo la próxima semana y después se nombrará al nuevo presidente previa consulta a los grupos que representan a los sindicatos y a la patronal.

Comidas y bebidas

El escándalo del gasto desproporcionado en viajes y comidas saltó hace unas semanas al ámbito parlamentario, cuando la diputada del PP María Antonia Cortabitarte, denunció que, según el libro mayor del organismo, el presidente del CES había gastado, en 2008, 32.000 euros de dinero público en comidas y copas.

Coto facturó al CES casi 30.000 euros en 118 comidas, algunas con un importe de 1.200 euros. El presupuesto para copas en un pub de la calle Castelar llegó a 5.230 euros, con facturas de hasta 390. También hubo viajes a lo largo de ese año que costaron 65.000 euros. La situación no cambió en 2009. Ese año, la factura de comidas ascendió a 20.000 euros. Según la denuncia del Partido Popular, a ello hay que añadir los gastos diarios de 60 euros en alquiler de vehículos con chófer y cerca de 7.000 de consumo en dos teléfonos móviles. Tras la denuncia del PP, representantes de los sindicatos CC OO y UGT, que forman parte del Consejo, admitieron conocer la existencia de gastos «irregulares y el despilfarro». Eso sí, explicaron que habían comentado el asunto, «en privado», en la sede del órgano consultivo en el que ambos tienen representación. Ayer, ante este cúmulo de malas noticias, el Gobierno tomó finalmente cartas en el asunto y le dijo a Pablo Coro que su tarea en el CES ha terminado.

Denuncia ante el juzgado

Pablo Coto podría tener que ir ante un juez. El Frente Nacional presentó ayer una denuncia en los juzgados de Las Salesas instando a la Fiscalía a abrir expediente de investigación por un presunto delito de malversación y fraude en relación a posibles falsificaciones de facturas. La Fiscalía deberá decidirá si ese indicio de delito que ven algunos tiene fundamento y si debe abrir una investigación en toda regla.