La Fiscalía investiga posibles irregularidades en 66 propiedades de Corvera de Toranzo

La denuncia parte de un arquitecto de Sevilla al que el Ayuntamiento denegó una licencia de obra para reformar su vivienda de Alceda

NACHO GONZÁLEZ UCELAY,CORVERA DE TORANZO.

La Fiscalía de Cantabria investiga supuestas irregularidades urbanísticas en 66 propiedades repartidas por todo el municipio de Corvera de Toranzo, anomalías que habrían quedado al descubierto tras la denuncia presentada por un arquitecto afincado en Sevilla al que el Ayuntamiento obligó a parar las obras que realizaba en su vivienda de Alceda por carecer de la licencia correspondiente y que ha hecho 'rehenes' a 66 familias del lugar.

Viviendas, algunas habitadas, cabañas ganaderas, establos, cuadras, garajes... La Policía Judicial está recabando información detallada de construcciones de todo tipo levantadas en los suelos de nueve de las once localidades de Corvera de Toranzo -Alceda, Ontaneda, Salcedillo, Corvera, Quintana, Sel del Tojo, Castillo, Esponzues y San Vicente- a lo largo de estas últimas tres décadas. Apenas se salvan Prases y Villegar. Es el producto de una «venganza», sospecha el equipo de gobierno (PP), para quien el denunciante sólo sería el «transportista» de la documentación presentada a la Fiscalía y conseguida «por gente próxima al PRC» a la que «se ha visto tomando notas y haciendo fotografías» de las construcciones denunciadas. O el resultado de «la mala gestión municipal», entiende la portavoz regionalista, Mónica Quevedo, que niega cualquier vinculación con el caso porque «nunca haría este daño».

Venganza o mala gestión, lo cierto es que hay 66 vecinos afectados por una extensa cadena de denuncias que, según aseguran el alcalde, José Manuel Martínez, el primer teniente de alcalde, Fernando Mora, y el concejal de Obras, Antonio Fernández de Córdova, tienen origen en la negativa del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo a conceder la licencia de obras «para el proyecto básico de rehabilitación de vivienda en la finca Los Manzanos», en Alceda, cuyo propietario, el arquitecto Manuel del Valle Pelayo, «contactó con nosotros apenas diez días después de celebrarse las elecciones de 2007» e incorporarse ellos al equipo de gobierno.

'Empieza ya'

En ese encuentro, «este señor nos explicó que había mantenido varias reuniones con el anterior alcalde (el regionalista Miguel Ruiz) al respecto de la licencia que necesitaba para acometer una serie de obras en esa vivienda y que éste no le había puesto objeción».

Haciendo un paréntesis en la versión consistorial, Fernández de Córdova muestra un documento firmado por el propietario de la finca en el que éste hace constar que un sábado de mayo de aquel año 2007, el entonces alcalde (Miguel Ruiz), «en el Bar Victoria y delante de testigos, me dijo 'empieza ya', entendiendo por nuestra parte que el permiso de obra estaba ya implícito y que su documento era una cuestión meramente de trámite».

De ahí que Del Valle Pelayo decidiera 'empezar ya' un proyecto del que, ese mismo mes de mayo, el entonces arquitecto municipal, Guillermo Garrido, emitió un informe desfavorable que contradecía la palabra supuestamente dada por el alcalde al vecino interesado en la licencia.

Aunque «desde entonces hemos venido tramitando toda la documentación recibida al respecto», el nuevo equipo de gobierno decidió paralizar las obras iniciadas por el arquitecto, que, ante la negativa del Ayuntamiento a concederle la licencia de obra, «montó en cólera, nos llevó a juicio, perdió el pleito y debió pensar: 'os vais a enterar'», sospecha Fernández de Córdova, para quien las 66 denuncias no son sino producto de «una venganza» en toda regla.

En helicóptero

Y se han 'enterado'. En febrero. «Hará cosa de un mes y medio se presentó aquí la Policía Judicial solicitando toda la información disponible acerca de 66 construcciones», dice el alcalde, «preocupado» por los numerosos vecinos salpicados, que también se han 'enterado'. Están debidamente informados de lo que sucede», añade el primer teniente de alcalde, Fernando Mora. «Hemos entregado a la Fiscalía todo cuanto nos ha pedido», dice el concejal de Obras. «Les hemos facilitado referencias catastrales, ubicaciones, informes... Todo lo que han pedido y que, supongo, incorporarán a los datos que ellos hayan recabado cuando han estado por aquí». Porque han estado. Varias veces. «Incluso en helicóptero, sacando fotografías».

Ahora, sólo queda «esperar» qué resuelve la Justicia al respecto de cada una de las 66 denuncias que investiga por supuestas irregularidades urbanísticas, 13 de las cuales se corresponden con decisiones tomadas por el actual equipo de gobierno del PP. «Las otras», aclaran, «provienen de actuaciones tramitadas por los equipos de gobierno anteriores».

Aunque el primer teniente de alcalde admite que no es plato de gusto recibir una notificación judicial y entiende, por ello, que los vecinos estén «bastante inquietos», el concejal de Obras expresa su confianza en que el grueso de las denuncias -«yo me atrevería a decir que un 99%»- no prosperen, si bien no descarta la posibilidad de que algún vecino «acabe pagando el pato» de una denuncia en la que él mismo figura como uno de los investigados. «Me resulta triste decirlo, pero sí, es muy posible que alguno lo acabe pagando».