La Fiscalía cuestiona la ley que permite legalizar viviendas condenadas al derribo

Foto: Javier Cotera/
Foto: Javier Cotera

La fiscal superior, María Teresa Calvo, dice en el Parlamento que el texto legal produce «inseguridad jurídica»

CONSUELO DE LA PEÑASANTANDER.

La Fiscalía de Cantabria ha puesto en entredicho la reforma legal que permite legalizar algunas de las urbanizaciones con sentencia de derribo, porque puede generar «inseguridad jurídica», un efecto contrario al que pretendía el legislador cuando la aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos en julio de 2010.

Esta iniciativa parlamentaria fue acompañada de otra, la llamada Ley de Derribos, que posibilitaba indemnizar a los propietarios de viviendas ilegales antes de proceder a su demolición, texto cuya constitucionalidad ha cuestionado el Tribunal Superior, que ha elevado una consulta al Alto Tribunal.

Con ambas leyes el Parlamento pretendía dar una salida a las 663 viviendas que hay en Cantabria afectadas por una sentencia de demolición. Hasta ahora se conocían las dudas de los jueces sobre uno de los textos. La fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo, nunca se había pronunciado en público al respecto, a pesar de que la Memoria Fiscal ya había sido difundida en parte el pasado mes de junio a través de los medios de comunicación.

Ha sido una pregunta del portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, formulada a Calvo en su comparencia, la que ha desvelado los reparos de la Fiscalía al texto legal. En la Memoria, a la que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía no entra a valorar la política de protección ambiental de los organismos legislativos, pero muestra su preocupación por la iniciativa que permite legalizar algunas urbanizaciones, al crear «inseguridad jurídica».

De la Sierra pidió a la fiscal superior una «aclaración» sobre el motivo de una afirmación «tan negativa», y quiso saber si en el año de vigencia que tiene la norma se ha producido algún caso de inseguridad jurídica. La respuesta de Calvo fue lacónica. Se limitó a decir que alude a «conceptos jurídicos indeterminados que a veces pueden ser un elemento distorsionador a la hora de enfocar una determinada conducta». Tras la comparecencia, en una reunión de café, los parlamentarios obtuvieron más explicaciones.

El texto normativo (Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo) fue aprobado con el apoyo de los tres grupos políticos. Su objetivo era que los ayuntamientos adaptaran sus planeamientos urbanísticos al Plan de Ordenación del Litoral (POL), circunstancia que los diputados aprovecharon para evitar la demolición de viviendas que creaban un impacto sobre el paisaje y que, por situaciones sobrevenidas motivadas por cambios en el entorno, eran susceptibles de ser legalizadas. La mayor parte de ellas se sitúan en los municipios de Piélagos y Argoños.

Peritos independientes

En su intervención, la fiscal superior de Cantabria reclamó la constitución de un cuerpo de peritos especializados vinculados a la Fiscalía en los casos de delitos contra el medio ambiente y ordenación del territorio, ya que al resultar imputados representantes de los ayuntamientos, se necesita la colaboración de arquitectos independientes.

El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, pidió también una aclaración sobre este asunto, ya que podía ponerse en duda «la independencia de los funcionarios». Calvo aseguró que la expresión ha podido ser «desafortunada», pero que en ningún momento se ha puesto en duda la independencia del funcionario público. «Se trata de crear equipos de trabajo dentro de la figura del fiscal instructor, que requiere una investigación diferentes», matizó. Los grupos políticos elogiaron también el trabajo de los fiscales.