La Agencia de Consumo, la «gran apuesta» de Agudo, ya es historia

Foto: DM/
Foto: DM

El Gobierno de Diego suprime dicho órgano tras detectar gastos desmesurados y dudar de las justificaciones aportadas

IRMA CUESTASANTANDER.

El Gobierno regional echa el cerrojo a la Agencia de Consumo, la «gran apuesta» de la Consejería de Economía dirigida por Ángel Agudo, que en los cuatro años de funcionamiento ha manejado un presupuesto cercano a los nueve millones de euros. La auditoría que el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego está realizando a la Agencia de Consumo ha encontrado gastos desmesurados, como 600.000 euros para contratar asesorías o 1,2 millones de euros para una empresa de imagen y comunicación. Hay más, aparecen facturas de comidas por diferentes importes, una de ellas, incluso, después que hubieran cesado al director de la Agencia.

La Agencia Cántabra de Consumo fue creada por el anterior Gobierno con competencias en materia de derechos de los consumidores, sanción y educación. Su nacimiento fue muy criticado por el PP. Ahora, el Ejecutivo de Diego finiquita la ley que la creó.

El anterior consejero de Economía, el socialista Angel Agudo, presentó la Agencia como la gran apuesta de su departamento en la materia, y apoyó su actuación en dos pilares: la Cátedra Euroamericana de Consumo -también hoy en el centro de la polémica-y el Observatorio de Consumo, un órgano que nunca llegó a crearse.

La Cátedra Euroamericana de Consumo, dirigida por el catedrático Jorge Tomillo, percibió desde la Consejería de Economía del Gobierno PRC-PSOE, 688.000 euros en cinco años. ¿A qué dedicó la Cátedra su presupuesto éstos primeros meses del año? Entre otras materias, a impartir un módulo de «Prácticas comerciales desleales» en el Máster de Derecho de Consumo en la Universidad de Cuba (entre el 7 y el 10 de febrero) y a asistir técnicamente al viceministro de Defensa de los Consumidores de Bolivia (entre el 13-16 de marzo de 2010). El Observatorio de Consumo se quedó en veremos. Nunca vio la luz.

El día de la aprobación de la ley que abrió la puerta a la creación de la agencia, el consejero insistió en la «absoluta transparencia» en la gestión de las competencias de consumo que iba a suponer, incidiendo en la fiscalización y control a través del Tribunal de Cuentas y el Consejo Consultivo.

Tres son los mecanismos de control que se prevén en la normativa de la Agencia. El primero, el llamado 'Control de eficacia, eficiencia y de equidad' a través del seguimiento del contrato de gestión. Sin embargo, a día de hoy, el actual Ejecutivo asegura que «no hay constancia» de la existencia de contrato de gestión, que únicamente hay una «propuesta de contrato de gestión».

Otra de las armas empuñadas para conseguir ese objetivo era el 'Control desde la Intervención general de la Administración de la CCAA' . Sin embargo, el Gobierno que lidera Ignacio Diego sólo cuenta con un requerimiento desde Intervención para que les suministren las cuentas anuales 2010.

Respecto al Control del Tribunal de Cuentas, poco o nada dicen poder hacer los actuales mandatarios porque hasta ahora no disponen siquiera de las cuentas anuales, mientras toma fuerza la sospecha de que las decisiones del director de la Agencia no se han sometido a ningún tipo de control o contraste.