Condena contra un banco por vender coberturas hipotecarias a particulares

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«Han sido tres años de calvario», asegura una clienta de una sucursal de Maliaño que denunció a la entidad en Valladolid

ISABEL AROZAMENASANTANDER.

«Han sido tres años de calvario, pero me he quitado un peso de encima impresionante». Felicidad Rodríguez relata su lucha para conseguir la anulación de un contrato de permuta financiera para asegurar los tipos de interés en hipotecas, conocido como 'swap', con la sucursal del Banco Popular de Maliaño. Unos mil cántabros están afectados por este tipo de productos que se crearon a mediados de la década pasada cuando los tipos estaban subiendo.

Pero ¿qué pasó cuando empezaron a bajar y lo que en un principio parecía un beneficio para los clientes se convirtió en una pesadilla? «Me empezaron a pasar liquidaciones de 700, 2.500 y 8.000 euros», recuerda Felicidad Rodríguez, ya que en estos contratos las entidades financieras actuaban como intermediarios. El dinero para cubrir los seguros de hipotecas tiene que salir de algún lado y si no lo pagan los clientes lo tienen que abonar los bancos.

Felicidad Rodríguez reside en Valladolid pero rubricó el contrato con una sucursal del Popular en Maliaño en febrero de 2007 «por amistad con la directora» ya que le ofrecieron el producto como algo «muy bueno e innovador con el que el tipo de interés variable, que subía todos los días, se convertía en fijo» y además «era gratuito».

Según establecen algunas sentencias, «el propio director de la sucursal desconocía los términos del contrato»; «sólo el banco podía beneficiarse»; «la entidad ocultó datos al cliente»; «le aseguraron que el euríbor no iba a bajar». «Los directores de sucursal no sabían ni siquiera lo que estaban vendiendo; obedecían órdenes de arriba, en muchos casos tras haber recibido un cursillo de formación de una tarde», detalla Rodríguez.

La sorpresa vino cuando meses después le pasaron las liquidaciones que en tres años han sumado 12.000 euros y que tuvo que pagar para evitar ser incluida en una lista de morosos.

«Cuando me di cuenta de que era un derivado financiero muy especulativo, que no se podía ofrecer a minoristas, decidí denunciar al banco». Un paso que le costó mucho dar -«¡Cómo iba a ir yo sola contra un banco!, me decían»- pero que tomó después de navegar en Internet y comprobar que «éramos muchos los afectados», unos 30.000 en toda España. «Y entonces te dices, no soy el único tonto en el mundo».

Ahora, con la sentencia firme en la mano, Felicidad respira tranquila a la espera de la ejecución de la resolución judicial por la que el banco le tiene que devolver lo cobrado de más. El juez ha condenado a la entidad a devolver el dinero con intereses y al pago de las costas judiciales.

En los últimos meses se están sucediendo en cascada las sentencias en primera instancia y ratificadas por las Audiencias Provinciales aceptando los recursos de los consumidores contra estos contratos de cobertura de créditos hipotecarios. En Cantabria hay unos mil particulares y pymes que han firmado contratos de este tipo y media docena de sentencias firmes o en proceso, la mayoría favorables a rescindir el contrato.

Que reclamen

El abogado cántabro José Ángel Ecenarro, con despacho en Esles de Cayón, gestiona varias sentencias de este tipo. No duda en recomendar a los afectados que presenten reclamaciones. Primero, al propio banco y después, si no prospera, ante los tribunales. Ya hay fallos condenatorios en Santoña contra una oficina de Bankinter, que se ha apelado, y otra en Torrelavega contra Banesto. En algunos casos, las entidades bancarias se avienen a llegar a acuerdos con sus clientes en la fórmula de anulación de los contratos con vigencias de hasta 2012. Algunas oficinas ofrecen renegociarlo con otra clase de productos.

Ecenarro explica que la mayoría de los fallos son favorables al particular o a la pyme que lo plantea y obligan al banco a anular el producto: «Ha habido falta de información al cliente, que no sabía que era lo que firmaba». Además, argumenta que los bancos ya conocían en 2008 lo que iba a pasar con los tipos de interés que iban a bajar y, aún así, seguían contratando el producto.

Los jueces coinciden en anular las ventas de estos contratos por incumplir el artículo 1.261 del Código Civil, que alude a la «falta de consentimiento». «Se trata de una práctica en la que han incurrido los bancos de manera generalizada», insiste Ecenarro, y como prueba de ello no ha sido hasta ahora cuando muchos de los afectados «se han enterado de la clase de producto que habían suscrito».