Sanidad amonesta a Justicia al descubrir que se fuma en los despachos de dos juezas

El procedimiento se ha cerrado sin sanción económica, pero se ha apercibido a la Dirección General para que vele por el cumplimiento de la ley antitabaco

CONSUELO DE LA PEÑASANTANDER.

Los funcionarios de justicia no quieren que la ley antitabaco se quede en humo en las sedes judiciales, y algunos de ellos se han convertido en celosos guardianes de su cumplimiento, tanto que el sindicato CSIF, recogiendo las quejas de los empleados públicos, denunció a finales de diciembre que en algunos despachos del Palacio de Justicia de la calle Alta se fumaba.

El chivatazo dio lugar a dos actas de infracción por consumo de tabaco en dos despachos judiciales, pero los procedimientos han concluido sin sanción económica porque el conculcador de la norma no fue pillado 'in fraganti', es decir, con el cigarrillo entre los dedos. Eso sí, la Dirección General de Salud Pública ha apercibido a su homónima de Justicia para que vele por el cumplimiento de la ley, máxime cuando el colectivo de justicia «debe ser modélico y referente».

Ángel González, responsable de esta Dirección General, ha tomado nota del aviso y en los próximos días remitirá «una nota interna» a todas las sedes judiciales para recordar la prohibición de fumar en el centro de trabajo. El incidente se produce justo al año de entrar en vigor la nueva ley antitabaco en España.

La guerra al fumador se desató cuando funcionarios judiciales expresaron a CSIF su protesta porque en los juzgados de la calle Alta se fumaba. Manuel Garay, presidente del sector de Justicia de CSIF, presentó una denuncia ante el Comité de Prevención de Riesgos Laborales «para que todo el mundo cumpla la normativa». El comité dio traslado de la queja a la Dirección General de Salud Pública, que puso en marcha el protocolo de actuación, y el pasado día 16, a última hora de la mañana, dos inspectores se presentaron por sorpresa en el Palacio de Justicia de la calle Alta. Allí entraron despacho por despacho para comprobar la veracidad de la denuncia, y en dos de ellos, ocupados habitualmente por dos magistradas, encontraron vestigios de la infracción. Según la Dirección General de Salud Pública, en una de las dependencias había un fuerte olor a tabaco y en la otra se halló una colilla en la papelera. Pero se trataba sólo de indicios porque los despachos estaban vacíos en ese momento.

Actas de infracción

Los inspectores abrieron dos actas de infracción, procedimientos que han concluido sin sanción económica ante la imposibilidad de identificar a los autores. La nueva ley antitabaco prevé multas de 30 euros a los fumadores. Pero la acumulación de tres infracciones se considera una falta grave, que puede ser sancionada con multa desde 601 euros hasta 10.000 euros.

El titular del centro de trabajo, a quien incumbe el cumplimiento efectivo de la prohibición de fumar, también puede ser multado. Pero en este caso, al tratarse de un organismo de la Administración pública no cabe que se sancione a sí misma, por lo que Sanidad ha optado por apercibir a la Dirección General de Justicia para que vele por el cumplimiento de la ley. Su responsable, Ángel Santiago, recuerda que la Administración de Justicia de Cantabria sólo tiene potestad sancionadora sobre los funcionarios y no sobre los jueces, que dependen del Consejo General del Poder Judicial, y ha optado por enviar una nota interna recordando la prohibición.

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