Las inspecciones a los edificios de más de 50 años se iniciarán en julio

El Gobierno ultima el decreto que regulará esta especie de ITV inmobiliaria en Santander, Torrelavega, Camargo y Castro

D. R.SANTANDER.

El inicio de la inspección técnica a las viviendas de más de 50 años ya tiene fecha: julio. El Gobierno de Cantabria está a punto de aprobar el decreto que regulará estas inspecciones, según avanzó ayer el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez, durante la presentación de las jornadas 'Cantabria hacia una edificación sostenible'.

Tal y como adelantó este periódico el pasado mes de noviembre, los edificios con más de 50 años de antigüedad de Santander, Torrelavega, Camargo y Castro tendrán que superar una inspección técnica que garantice unos requisitos mínimos, principalmente de seguridad. La medida permitirá detectar los problemas de estos edificios. Además, la supervisión otorgará a los inmuebles viejos un valor añadido, un certificado que sus dueños podrán empuñar como garantía acreditada si quieren vender o alquilar. Hasta ahora, no existe ningún sello parecido en el mercado inmobiliario de «segunda mano».

La Inspección Técnica de Edificios (nombre oficial, abreviado en ITE) será obligatoria porque así lo decidió el Gobierno central en julio de 2010, dentro de un conjunto de reformas dirigidas a «fomentar las actuaciones de rehabilitación».

Cuando la construcción no pudo vender más viviendas libres por saturación de la oferta e incapacidad de la demanda, pasó a levantar viviendas protegidas con el respaldo de las administraciones, que recalificaron suelo. Una solución temporal, porque los pisos no se venden ya ni siquiera protegidos de precio. El Estado busca ahora nuevos cauces que reanimen al ladrillo y a todas las profesiones que pivotan a su alrededor. Y en ese grupo de alternativas se incluyen las rehabilitaciones, que, además de generar negocio, enlucirán los barrios señeros de las ciudades.

En este contexto surge la inspección. El Estado promulgó en 2010 un real decreto-ley que delimita un marco de funcionamiento genérico: bloques con al menos cinco décadas; poblaciones con más de 25.000 habitantes; y una evaluación de «seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato». El resto de matices los decide cada Gobierno autonómico.

El Gobierno regional destina este año en sus presupuestos 6 millones de euros a las políticas de rehabilitación, que, según el consejero, son una prioridad y una oportunidad para crear empleo y reactivar un sector «castigado» por la crisis que vive «un momento crítico». Es más, Rodríguez se mostró convencido de que si se sabe enfocar su futuro hacia la sostenibilidad en 2013 se producirá el esperado «cambio de rumbo» hacia el crecimiento.

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