El Supremo condena a Astillero a pagar 600.000 euros a Hacienda

El procedimiento que enfrentó al Ayuntamiento de El Astillero y Hacienda comenzó hace nueve años. / DM/
El procedimiento que enfrentó al Ayuntamiento de El Astillero y Hacienda comenzó hace nueve años. / DM

La sentencia señala que el Ayuntamiento realizó un acto de «fraude tributario consciente» en 2003, con Ignacio Diego en la Alcaldía

G. MARTÍNEZEL ASTILLERO.

El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de El Astillero 600.000 euros a la Agencia Tributaria. ¿La razón? Que el Consistorio incurrió en un «fraude tributario conscientemente realizado». Los hechos se remontan al año 2003 cuando, tras vender unos terrenos a una empresa privada, el Consistorio cobró el IVA de la transacción, que ascendía a 232.119 euros, pero no lo ingresó al Tesoro Público. El importe total al que deberá hacer frente el Ayuntamiento se desglosa en: la deuda tributaria de 2003 (245.075 euros, es decir el IVA más los intereses de demora); una sanción equivalente al coste del impuesto; los honorarios del abogado del Estado y las costas del proceso (unos 100.000 euros).

En la sentencia, los magistrados explican que «no se acredita la diligencia debida por parte del Ayuntamiento en ingresar en el Tesoro Público el importe del IVA repercutido y cobrado, sino que se confirma que en este caso ha habido un fraude tributario conscientemente realizado».

En 2003, el Ayuntamiento de El Astillero vendió a una empresa privada una parcela municipal, de más de 19.000 metros cuadrados, clasificada como suelo urbanizable en las normas subsidiarias del municipio. Esta venta, cuyo precio ascendió a 1.679.867 euros, se publicó en el BOC. En el anuncio, se especificaba que el IVA estaba «incluido». Dos años después, se ve que «la operación no estaba registrada en los libros registro del IVA, aportados por el Ayuntamiento; aunque sí fue incluida en la declaración anual de ingresos y pagos de 2003», por lo que se inició un expediente sancionador.

Carlos Cortina, alcalde de El Astillero, afirmó ayer que «lo que se ha juzgado no ha sido una decisión política, sino técnica. Se sanciona una acción administrativa». El primer edil explica que el proceso se resume en «una operación de venta en la que los servicios técnicos del Consistorio no liquidaron el IVA. Al cabo de dos años, Hacienda reclamó ese dinero más otra cantidad por sanción y tanto tesorería como intervención aconsejaron el recurso». Asimismo, asegura que se sentarán con Hacienda a negociar porque cumplirán la sentencia, aunque no la comparten.

El procedimiento que enfrentó al Ayuntamiento de El Astillero y Hacienda comenzó hace nueve años cuando se descubrió «un hecho imponible oculto». El entonces equipo de gobierno, con Ignacio Diego a la cabeza, apeló al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Éste desestimó el recurso, y el Consistorio elevó el procedimiento a la Audiencia Nacional. Tras ser rechazados de nuevo, el equipo de gobierno decidió quemar su último cartucho: interponer un recurso de casación al Tribunal Supremo, que también ha sido desestimado.

Salomón Martín, portavoz del PSOE en El Astillero, afirma que «esta resolución se veía venir». En su opinión, «los políticos tienen que tener un comportamiento intachable y aquí nos encontramos con un fraude ideado de forma premeditada, con ocultación y manipulación».

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