Casi un millar de edificios ya cuentan con certificado de eficiencia energética

La norma es obligatoria para vender o alquilar viviendas./Luis Palomeque./
La norma es obligatoria para vender o alquilar viviendas./Luis Palomeque.

Los propietarios de otras 3.200 viviendas han solicitado ya el documento, sin el cual no se podrá vender ni alquilar un piso

C. DE LA PEÑASANTANDER.

Casi un millar de edificios cuentan ya con un certificado energético en Cantabria, un documento obligatorio desde el pasado 1 de junio para poder alquilar o vender una vivienda, que tendrá diez años de validez. La Dirección General de Innovación e Industria ha concedido 987 certificados, pero existen otras 3.200 peticiones que se encuentran en tramitación.

La certificación de eficiencia energética nació de una directiva comunitaria para determinar la mayor o menor cantidad de energía que un inmueble va a demandar para satisfacer unas necesidades concretas de confort. Desde el 1 de junio este título es ineludible para los propietarios que quieran vender o alquilar viviendas. De lo contrario podrán ser multados con sanciones que van desde los 300 las más leves, hasta los 6.000 euros para las muy graves.

El certificado especifica mediante una escala de siete letras, de la A (la más alta) a la G (la más baja), el nivel de emisiones de CO2 en comparación con las dimensiones del edificio. De este modo, se pretende que el comprador o inquilino pueda valorar y comparar la eficiencia energética como un factor añadido para la toma de decisiones de compra o alquiler.

¿Cómo se calcula?

La eficiencia energética se calcula midiendo la energía consumida todos los años en condiciones normales de uso y ocupación. Para ello se tienen en cuenta todos los servicios utilizados de manera individual, como la calefacción, la refrigeración, la ventilación, la producción de agua caliente sanitaria y la iluminación, a fin de mantener las condiciones de confort térmico y lumínico y sus necesidades de agua caliente sanitaria y calidad de aire interior. La peor nota (la G) es para aquellos inmuebles que superen los 70,9 kg de CO2/m2 anuales. La obtención del certificado corresponde al dueño del inmueble, que es quien tiene que contratar al profesional que realice la calificación, que puede ser un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero técnico o un aparejador. Aunque no hay tarifas fijas, el coste medio es de 250 euros.

Para que el documento tenga plena validez el dueño del inmueble deberá registrarlo en la Consejería de Industria, un trámite que no tiene coste alguno ya que Cantabria es de las pocas comunidades autónomas que no cobra tasa por la tramitación e inscripción del certificado en el registro.

Para facilitar la tramitación, las Consejerías de Industria y Presidencia y Justicia están estudiando la puesta en funcionamiento a lo largo del mes de septiembre de un procedimiento telemático que permita al propietario realizar la solicitud sin necesidad de acudir a las oficinas de la administración, así como el volcado automático de los datos a las bases de datos para la agilización de los trámites.

Plan de inspección

Innovación e Industria pondrá en marcha también en esas mismas fechas un plan de inspección para verificar la correcta redacción del certificado por parte del técnico. El objetivo es, según Industria, «proteger los derechos de los consumidores que contratan esos servicios y garantizar que se cumple la normativa aplicable».

Aunque la normativa obliga a todos los inmuebles que se vayan a vender o alquilar, incluye algunas excepciones. Así, por ejemplo, no es obligatorio para los pisos arrendados durante menos de cuatro meses, edificios aislados con menos de 50 metros cuadrados útiles, inmuebles y monumentos protegidos en los que se altera su carácter o aspecto, lugares de culto o religiosos, construcciones provisionales (para menos de dos años) y la parte no residencial de edificios industriales y agrícolas.

Pero sí será obligatorio para los edificios de nueva construcción y también cuando se haga una rehabilitación o reforma del edificio con una superficie superior a 1.000 metros cuadrados.

Para los edificios públicos la exigencia se aplicará partir del 31 de diciembre de 2018. La Unión Europea plantea que todos los edificios nuevos que se construyan a partir de 2020 sean de consumo de energía casi nulo.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos