Las últimas chabolas de Cantabria

«Aquí no se puede vivir. Esto no es digno ni es nada». Cuando entras en casa de Jeremías Vargas, uno de los residentes en el poblado chabolista de Alday (Camargo), no queda otro remedio que darle la razón. El módulo de madera de ocume tiene los suelos carcomidos, presenta goteras y no protege del calor ni del frío. Los cables pelados de la electricidad cuelgan de la pared a pocos centímetros del grifo y de un viejo calentador. «Un día esto explota y aquí nos quedamos todos», lamenta antes de seguir el recorrido. El sofá del salón sirve de tope para la puerta en los días de viento y las ratas y las cucarachas son compañeras de habitación para este padre de familia, su mujer y sus dos hijos. El único atisbo de modernidad es una gran televisión que en cuento entra el fotógrafo de El Diario se apresura a apagar: «Si me ve mi padre con ella encendida... Es que estamos de luto».

Las condiciones de vida de las otras ocho familias gitanas de Alday no son mucho mejores. Insalubridad y muchas deficiencias en todas las casetas que forman este asentamiento creado en 1992. «No es que seamos dejados, es que esto no tiene arreglo. Lo pintamos, hacemos alguna chapuza, pero nada. Cuando los trajeron ya estaban mal, porque eran de segunda mano, pero eran decentes. Era una solución provisional para cuatro años y ya llevamos 24», rememora Carlos Barrul, el patriarca de Alday.

El suyo, junto al de Cueto y Colindres, es uno de los tres últimos poblados chabolistas –hay algún asentamiento más aislado– que aún perduran en Cantabria. La idea del Gobierno regional y del resto de Administraciones implicadas es que en poco tiempo sean historia para evitar problemas de salud pública y acabar con «pequeños focos de inseguridad». De hecho, como en ejercicios anteriores, la Consejería de Vivienda ha reservado una partida de 100.000 euros enfocada a la «erradicación» de estos barracones que, en principio, se destinará a ayudar a pagar los alquileres sociales de las personas que abandonen estos puntos.

«Vivimos de la chatarra y de la ayuda social básica, pero no da», subraya Vargas. Paco Pérez Borja, de la Plataforma Romanés, que hace de intermediaria con la Administración, precisa que no están pidiendo que el Gobierno les regale una vivienda, sólo que les faciliten un piso con una renta «de 100 o 150 euros, la máximo que pueden asumir». Según señalan desde esta organización, el dinero del Ejecutivo cántabro ya está en el Ayuntamiento de Camargo: «El año pasado ya lo tenían y no se utilizó. Nos hemos reunido muchas veces y no hay avances. Dicen que están dispuestos a apoyarles económicamente durante tres años con los alquileres, pero que no encuentran viviendas donde colocarlos. Esta gente no puede seguir así ni un minuto más». Pérez Borja reconoce que en los últimos años se han hecho muchos avances. En 2007 se contabilizaban 16 poblados que daban cobijo a 641 personas, pero el caso de Maliaño «está enquistado». Barrul añade que se sienten totalmente abandonados por parte del municipio. No sólo culpan al actual equipo de gobierno, también a los anteriores:«Desde que se fue Ángel Duque nos tienen dejados de la mano de Dios. Ya ni viene la Policía...». Inicialmente había 21 módulos. Ahora son nueve. «Algunos se vinieron abajo por el paso del tiempo, otros se tiraron porque según el Consistorio las condiciones de salubridad ya eran insostenibles y el último que se perdió se quemó en un incendio», cuenta.

En el otro gran poblado chabolista de Cantabria, el de Cueto, las cosas han ido un poco más fluidas a lo largo de los últimos tiempos. Desde hace 40 años, el Centro Social Bellavista, ligado a la parroquia de la localidad, trabaja con sus habitantes y ha conseguido que de los 215 módulos que existían entonces se haya pasado a los 21 de la actualidad. Su origen está en los sesenta, cuando se produjo un aluvión de llegadas de gitanos portugueses que huían de la miseria y del servicio militar obligatorio –las capas sociales más bajas eran enviadas a las guerras de colonias de Angola o Mozambique– con la intención de instalarse en Francia. Pero se encontraron con la frontera cerrada y empezaron a distribuirse por el País Vasco, Navarra y La Rioja. También llegaron a Santander.

«Por sus dimensiones y sus características, esto podría haberse convertido en un foco de conflictividad y delincuencia y gracias al trabajo que se ha hecho se ha conseguido evitar», afirma Juan Currás, asistente social de Bellavista, quien reconoce que sí que se han producido algunos problemas de convivencia «que no han llegado a mayores». Cuando empezaron su labor en el poblado de Cueto tenían claro que antes de recolocar a todas familias, algo inviable, era necesario realizar un proceso de «promoción humana». Desde la alfabetización, hasta la formación en el trabajo, la higiene... «Estaban en condiciones tercermundistas. No eran compatibles con la población autóctona», remarca Currás.

Defiende que las guarderías y los programas específicos dieron resultados. Lo demuestra que muchos de los jóvenes que nacieron allí después se han incorporado a la vida laboral y han podido reinsertarse por su propia cuenta. Con un trabajo y sin ayudas públicas, han formado una familia e incluso son propietarios de su vivienda. Pero en otros casos el paso ha sido más difícil: «Hay una parte importante que no quiere salir de aquí, por eso se subvenciona parte de su alquiler durante un tiempo». Mediante un convenio con el Ayuntamiento de Santander, cuatro familias abandonan cada año el poblado y su módulo se echa abajo. La última salió la pasada semana. En cinco años sólo quedarán los más mayores, a los que echarles sería «contraproducente». Cuando fallezcan, el asentamiento será historia.

Con la partida de la Consejería de Vivienda, el Centro Social Bellavista se encarga de hacer de intermediario entre las familias y el propietario de la vivienda. «Si no sería muy complicado, porque muchos dueños de viviendas no se fían o piden un aval que no tienen. Nosotros somos esa garantía, pagamos el alquiler y los beneficiarios nos ingresan después una parte», cuenta el asistente social, quien reconoce que no todos los usuarios de este programa cumplen. Además, hay una supervisión y un tutelaje constante.