Atasco en las Zonas de Bajas Emisiones

La implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es de obligado cumplimiento en todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes y en aquellas otras de más de 20.000 que superen los valores límite de contaminación atmosférica desde el día 1 de enero de 2023 en base a un dictamen de la llamada Ley de Cambio Climático, que, en este apartado, implica a a un total de 169 ayuntamientos. Sin embargo, por una u otra razón, esta medida, que el Ministerio para la Transición Ecológica encomendó aplicar a los consistorios, se está llevando a cabo de una manera un tanto desigual. Tan desigual que a día de hoy, y pese a la amenaza del Gobierno de retirar las ayudas estatales al transporte público a aquellos consistorios que no las tengan implantadas este mismo verano, solo 54 ciudades las tienen ya en funcionamiento. Otras 95 andan dándole vueltas a los trámites y una veintena más ni siquiera los ha iniciado.

Camufladas entre la multitud, que es la que forman aquellas ciudades que no las tienen ya activadas pero tampoco están ignorando que las tienen que activar, están Santander y Torrelavega, las dos únicas localidades a las que esta medida afecta en la comunidad autónoma de Cantabria, donde otros municipios, como el de Castro Urdiales por ejemplo, están articulando esta medida sin que ello sea una obligación sino, más bien, una acción voluntaria para proteger y preservar el medioambiente.

En el caso concreto de Santander, que sí tiene ese imperativo, el equipo de gobierno municipal está recabando, dice, la información que le pueda proporcionar la red de sensores colocada el pasado verano en el centro de la ciudad con la idea de conocer cuáles son los indicadores exactos tanto de circulación como de contaminación atmosférica en los que se está moviendo la capital. De lo que esos sensores le digan dependerá la configuración de la Zona de Bajas Emisiones, que, según aseguró el pasado diciembre la alcaldesa, Gema Igual, nunca llevará implícita ni la restricción del tráfico ni la creación de una 'almendra central'.

«Para febrero o así ya tendremos un diagnóstico», dijo Igual. Pero estamos en mayo y ese diagnóstico todavía no se ha realizado, y si se ha realizado no se ha dado a conocer. Así que cabe suponer que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Santander sigue recabando esos datos que le digan dónde y cómo implantar la ZBE. Porque el cuándo lo sabe de sobra. Hace un año y medio que debería haberlo hecho.

Al contrario que en la capital, donde no parece que vaya a producirse a corto plazo, la activación de la Zona de Bajas Emisiones es inminente en Torrelavega, donde, de no mediar un imprevisto, el régimen sancionador que gobernará el acceso a la nueva área libre de vehículos considerados contaminantes se activará el 10 de junio.

La medida iba a haberse comenzado a aplicar desde ayer, pero un cambio de opinión del Ayuntamiento torrelaveguense ha retrasado su puesta en práctica un mes.

Ante el inmenso océano de dudas en el que nadan los vecinos, que no tienen muy claro el sistema por el que se va a regir al tráfico en la superficie afectada, el Consistorio ha decidido aplazar la entrada en vigor de su ZBE y lanzar una campaña informativa que ayude a los ciudadanos a entender y familiarizarse con una medida que, en su caso sí, se aplicará dentro del plazo dado por el Gobierno central.

Que ni Santander ni Torrelavega hayan injertado aún en sus calles la Zona de Bajas Emisiones no las hace para nada especiales. En su misma situación, o bastante parecida, según cada caso, están el 60% de las localidades que tienen el deber de implantarlas, algunas muy próximas.

Al oeste de Cantabria, en el Principado de Asturias, la norma afecta a Oviedo, Gijón, Avilés y Siero. El ayuntamiento ovetense, que ni siquiera tiene definido el área que afectará la ZBE, calcula que la medida no entrará en vigor hasta mediados de 2026, y el consistorio gijonés, que espera aprobar la ordenanza en mayo-junio, prevé que no la tendrá lista hasta finales de este año.

Al este, en el País Vasco, las ZBE ya están funcionando en dos de sus tres capitales de provincia. Bilbao fue la primera de las tres en implantar el área protegida, se ve que con buenos resultados porque ha logrado una reducción de tráfico de un 14% en esa zona. A la capital vizcaína le siguió a mediados de diciembre la guipuzcoana, San Sebastián, y en breve lo hará la alavesa, Vitoria, que tiene su proyecto prácticamente concluido.

Y al sur, en Castilla y León, la situación es ciertamente dispar. La ZBE de Valladolid entrará en vigor el próximo día 1 de julio, la de Burgos ya tiene desplegado todo el sistema pero el Ayuntamiento no comenzaría a poner multas hasta el 1 enero de 2027, en Segovia también empezará a operar el día 1 de julio aunque no se multará a los infractores hasta el otoño y en Ávila se estrenó en enero si bien el Consistorio no tiene previsto emitir sanciones hasta primeros de julio. Para cuando llegue el verano y venza el plazo dado por el Gobierno de España, la comunidad castellanoleonesa ya tendrá activadas todas sus ZBE.

Ampliando la visión más allá de las comunidades fronterizas se observa que al menos otra decena de capitales de provincia también han hecho los deberes. Es el caso, por ejemplo, de Barcelona, que fue la pionera en España, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Palma de Mallorca, Alicante o Córdoba, ciudades en las que las Zonas de Bajas Emisiones funcionan si bien lo hacen atendiendo a las peculiaridades que distinguen a sus calles de las calles de las demás.