Santander creará un registro de viviendas okupadas con aportaciones vecinales

Este registro recogerá información actualizada sobre las viviendas que se encuentran ocupadas de manera irregular en el municipio de Santander y contemplará todas las modalidades de ocupación ilegal, desde la ocupación de primera o segunda vivienda de particulares, hasta aquellas pertenecientes a entidades financieras, fondos de inversión o administraciones públicas. «Somos conscientes del escenario de inseguridad jurídica derivado de la permisividad legislativa de un Gobierno central que no protege la propiedad privada, lo que está fomentando un fenómeno que en los últimos años se ha consolidado y se encuentra en franca línea ascendente», lamenta el edil.

Así, el concejal asegura que Santander dispondrá de un mapa actualizado del fenómeno de la okupación en el municipio con una base de datos actualizada por los propietarios que así lo comuniquen del parque de vivienda privada en situación de okupación. Además, remarca la voluntariedad de dicho registro por parte de los propietarios, lo que permitirá al Ayuntamiento disponer de información de primera mano. «Este registro nos va a permitir valorar el impacto social, económico y de seguridad de estas okupaciones dentro del seguimiento del Plan de Vivienda», concluye Navarro, para quien este instrumento supone un paso más en el marco de una política municipal de vivienda «eficaz, transparente y valiente».

Aunque la SVS dispondrá de las direcciones de los inmuebles afectados, será un registro con datos confidenciales que no se harán públicos. Así, este listado será una herramienta municipal estadística para conocer la situación real de la okupación en Santander pero no supondrá una medida para combatirlo. De todos modos, con el documento ya elaborado, el Ayuntamiento contactará mes a mes con los propietarios para conocer si la vivienda continúa en la misma situación y realizar así un seguimiento periódico de cada caso.

La elaboración de este listado no ha gustado al PSOE. El portavoz socialista, Daniel Fernández, critica que el PP pretende usar la SVS para impulsar «una campaña de alarma social, promoviendo un registro de viviendas okupadas e inquiokupadas». Fernández añade que con ello «se fomenta el miedo y la estigmatización» en lugar de aportar soluciones reales al problema de acceso a la vivienda. Por otra parte, desde Vox exigen un control de la morosidad en las Viviendas de Protección Oficial (VPO) tras conocer «la grave situación» que genera el impago de alquileres sociales, «con una deuda acumulada de 357.432 euros de los inquilinos que no pagan el alquiler a fecha de diciembre de 2024».