Cantabria pide a Delegación evaluar la situación de 18 menores no acompañados para una posible repatriación

Lo que hace el organismo, dependiente de la Consejería de Inclusión, es recordar que la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social apunta que hay que iniciar este procedimiento cuando de las informaciones que pueda recabar la administración se desprenda que «el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen». En concreto, tal y como avanzó la Cadena Ser, son 18 los oficios –de 18 menores extranjeros de los 26 que ahora mismo tutela la región– enviados a la Delegación del Gobierno, que este lunes no se pronunció sobre cómo va a proceder al respecto. No directamente, porque fuentes del Ministerio de Infancia aseguraban que, frente a las intenciones de Cantabria, el Gobierno central garantizará que «en todo momento se va a proteger a esos niños migrantes» y que, por tanto, «no se va a autorizar ninguna expulsión de menores en desamparo».

Eso es, precisamente, lo que subraya la comunidad que pretende garantizar. «Es un procedimiento para saber lo que es mejor para los menores, que permanezcan en nuestra comunidad autónoma dentro del sistema o que regresen a vivir con sus familias», matizaba esta tarde la consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río, cuando la polémica ya había saltado a los medios nacionales. La popular insiste en que lo que se ha hecho es pedir a Delegación que se cumpla la ley «escrupulosamente» y que solicite información sobre las circunstancias familiares de los chicos a través de las representaciones diplomáticas. La titular de Inclusión ve, de esta forma, una polémica «artificial»y auspiciada por el Gobierno de España por la denuncia de las comunidades autónomas de falta de transparencia por parte del Ministerio en la Conferencia de Sectorial del lunes en la que se analizó el sistema de reparto solidario entre territorios.

El Icass apunta que, en todos los casos, los menores han manifestado que tienen familia y que, por lo general, hablan con ellas de forma periódica. A ello suman que distintos organismos internacionales defienden que la búsqueda de las familias es «un ingrediente esencial en la búsqueda de una solución duradera y que debe gozar de prioridad». Es decir, que el oficio remitido a Delegación no es el inicio de un expediente de expulsión. Entre otras cosas, porque la competencia es estatal. Tanto de iniciar ese expediente de evaluación, como de finalizarlo en caso de que lo considere oportuno. Una circunstancia que no se va a dar por la negativa del Gobierno de España, pero que también requeriría informes de Fiscalía, de los Servicios Sociales y un acuerdo bilateral de retorno con el país de origen de los jóvenes, todos ellos mayores de 16 años y procedentes de Marruecos y Gambia, en su mayoría.

Gómez del Río apuntó que estos oficios se remitieron en el mes de marzo y que no tienen nada que ver con la proposición no de ley que aprobó el Parlamento autonómico –a iniciativa de Vox y con los votos del PP– el día 17 de ese mismo mes para instar al Ministerio a la reintegración de menores no acompañados con sus familias.

¿Con qué tiene que ver entonces? Según el Ejecutivo cántabro, con el fallo del Tribunal Supremo que obliga al Estado a asumir la tutela de los menores extranjeros que a su vez sean demandantes de asilo y al nuevo decreto de reparto obligatorio, que acaba de entrar en vigor. Lo que ocurre es que la Ley de Extranjería que el Gobierno de Buruaga exige a la Delegación que cumpla es de 2000. La obligación legal a la que apela es la misma desde hace 25 años y, hasta ahora, Cantabria nunca –al menos a la Consejería no le consta– había emitido un oficio de este tipo. Gómez del Río confirmó que fue ella misma la que pidió, en este nuevo contexto, que el Icass hiciera «un análisis de la situación y que se adoptaran todo tipo de medidas que fueran legales y que no olvidaran que tenemos que proteger a los menores que están y a los que están por llegar».

Desde el Ministerio de Infancia califican la actitud del Gobierno cántabro de «racista» y vinculan esta decisión con el acuerdo parlamentario con Vox. Por su parte, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, exige una «rectificación» del PP y entiende que «ya no hay diferencias con Vox a la hora de defender a niños que huyen de la guerra».